Mientras el Congreso de la Ciudad de México llamó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a la Sedena y a la Policía Federal, para que refuercen su seguridad, en Tlaxcala se presentó una iniciativa para derogar diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública estatal para evitar que funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial hagan uso del servicio de escoltas.

Contradictoriamente, ambas propuestas fueron impulsadas por diputados de Morena.

En la capital del país, el diputado Eduardo Santillán Pérez consideró que las medidas que ha adoptado el gobierno federal, como la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, han propiciado amenazas contra el jefe del Ejecutivo federal.

En contraste, la diputada tlaxcalteca María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi sostuvo que el servicio público de escoltas a funcionarios es elitista y discriminatorio, a pesar de que los servidores públicos que lo tienen enfrentan responsabilidades ligadas al combate de la delincuencia y la impartición de justicia.

De esta manera, los legisladores de Morena hacen evidente que, lo que para sus correligionarios es una necesidad, para otros es un privilegio, aún y cuando se involucran funciones equiparables en términos de servicio público.