La iniciativa busca establecer un sistema de seguimiento al desabasto, con plazos de respuesta, responsables identificados y mecanismos para garantizar el suministro de medicamentos.

Tlaxcala, Tlax.— Que el desabasto de medicamentos deje de ser un problema sin responsables y que el Gobierno tenga la obligación de responder por cada tratamiento que no se entregue. Ese es el objetivo de la iniciativa presentada por la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Esmeralda Martínez Sánchez, para reformar la Ley General de Salud.

La legisladora busca transformar el actual sistema de abastecimiento de medicamentos, para que las recetas que no sean surtidas no terminen convertidas en simples registros de faltantes, sino en casos que las autoridades sanitarias estén obligadas a atender, gestionar y resolver.

La propuesta parte de una realidad que enfrentan miles de familias: pacientes que reciben una receta médica, pero no sus medicamentos, y que terminan recorriendo farmacias, buscando alternativas o destinando recursos propios para continuar sus tratamientos.

“Cuando el gobierno no entrega un medicamento, no puede simplemente decir que no hay y desentenderse del problema. Tiene que responder, explicar qué está haciendo para conseguirlo y garantizar que el paciente reciba su tratamiento. La responsabilidad del abastecimiento es de las instituciones, no de las familias”, sostuvo Miriam Martínez.

Entre los principales planteamientos de la reforma destaca la creación de un mecanismo obligatorio de registro y seguimiento de todas las recetas pendientes, incluso cuando hayan sido surtidas parcialmente. Cada caso deberá contar con un folio gratuito que identifique los medicamentos faltantes, las cantidades y las autoridades responsables de su atención.

Asimismo, se propone que, dentro de las primeras 24 horas posteriores a la detección del desabasto, las autoridades informen las acciones emprendidas para resolverlo y, cuando exista, la fecha confirmada de entrega. Si no hay una fecha definida, el caso deberá escalarse a los superiores jerárquicos y mantenerse bajo seguimiento, con actualizaciones al paciente al menos cada siete días.

La iniciativa también plantea que el sistema de abastecimiento active mecanismos de reposición, redistribución, adquisición o suministro mediante otros prestadores de servicios de salud, para evitar que la falta de inventario se convierta en una sentencia de espera para los pacientes.

Además, establece mecanismos de atención inmediata cuando la ausencia de un medicamento represente un riesgo para la salud o implique la interrupción de un tratamiento indispensable.

Otro aspecto relevante es impedir que el vencimiento de una receta médica se utilice como argumento para cerrar automáticamente un expediente pendiente. En esos casos, corresponderá a la institución gestionar, cuando sea necesario, su renovación o modificación con el personal médico tratante.

En materia de transparencia, se propone fortalecer los registros de inventarios, generar alertas de agotamiento y publicar indicadores mensuales que permitan conocer el comportamiento del abastecimiento, las recetas pendientes y los tiempos de respuesta de las autoridades.

Miriam Martínez explicó que su iniciativa busca que el Congreso de Tlaxcala ejerza su facultad para presentar una propuesta ante el Congreso de la Unión y establecer obligaciones claras en la Ley General de Salud.

“Necesitamos pasar de un gobierno que solamente reporta que no tiene medicamentos a uno que asume la responsabilidad de conseguirlos y entregarlos. No basta con conocer las cifras del desabasto; necesitamos saber quién responde, qué soluciones se están implementando y cuándo recibirá el paciente su medicamento”, puntualizó.

Finalmente, llamó a las distintas fuerzas políticas a respaldar esta propuesta, al considerar que el acceso a los medicamentos es un derecho que no debe estar condicionado por colores partidistas.

“Los medicamentos deben estar donde se necesitan y llegar a quienes dependen de ellos. Ninguna familia debería endeudarse para comprar lo que el sistema público está obligado a proporcionar. La salud y la vida de las personas no pueden esperar”, concluyó.