Blanca Yassahara Cruz presidirá provisionalmente el INE. En 2024, al frente del instituto electoral de Puebla, destinó 129.7 millones de pesos a Comercializadora JVLY para urnas y mamparas: la misma empresa cuyas triangulaciones documentó la ASF y cuyo dueño acabó derribando a Guadalupe Taddei.

Fuente: PROCESO

Mientras el país discutía salarios, esto es lo que pasaba con las compras.

La ASF hizo una auditoría forense a la cuenta pública 2024, dictaminada en enero de 2026. Ahí está, desde entonces, el esquema completo. Comercializadora JVLY recibió 63.2 millones de pesos del INE por materiales de simulacro adjudicados directamente en marzo de 2024 y los transfirió casi íntegros a nueve empresas y una persona física en menos de tres semanas. JVLY había declarado 76 trabajadores ante el IMSS y no tenía ninguno dado de alta; tampoco presentó su declaración anual. De las receptoras, una registró el dinero como préstamo, otra dijo que era para comprar equipo eléctrico, negó trabajar con instituciones electorales y mandó 12.3 millones a una Sofom, y tres no pudieron ser localizadas. La empresa que apareció como competidora en el sondeo de mercado que JVLY ganó fue Grumeec. Y las visitas de supervisión a JVLY se hicieron en el domicilio de otra empresa, Formas Finas y Materiales.

Nueve de las diecinueve acciones siguen abiertas, con tres pliegos de observaciones por 66.6 millones. Diez se turnaron a otras instancias. El portal e-ntorno calcula que, con lo detectado en 2025, las irregularidades del instituto bajo Taddei superan ya varias veces el acumulado de los veinticinco años previos de auditorías al IFE y al INE.

La renuncia de Taddei no resuelve nada.

Ayer, el Consejo General designó presidenta provisional del INE a Blanca Yassahara Cruz García, que presidió el Instituto Electoral del Estado de Puebla de 2022 a abril de 2026. En 2024, durante su gestión, ese instituto destinó unos 129.7 millones de pesos a una empresa para fabricar urnas, mamparas y material de simulacro y capacitación.

La empresa era Comercializadora JVLY.

La misma. La de los 76 trabajadores inexistentes, la de las nueve transferencias en tres semanas, la del competidor de utilería, la propiedad de José Alfredo Hernández Casillas: el empresario cuya cercanía con Taddei exhibieron los videos que la tumbaron. La Auditoría Superior del Estado de Puebla mantiene observaciones abiertas al instituto poblano por 138 millones de pesos; 129.7 de ellos son ese contrato. Y la auditoría federal de 2024 documentó, además, diferencias entre los materiales contratados con JVLY y los que efectivamente recibieron las áreas del INE.

Es decir: el INE no cambió de proveedor. Cambió de firma al calce.

La operación de limpieza en el INE quedó en manos de la funcionaria que le compró a esa empresa el doble de lo que la ASF cuestionó en el expediente federal. Su primer anuncio fue suspender la entrega de contratos y revisar a los funcionarios designados por Taddei.

No es la primera vez que Proceso se detiene en su nombre. El 23 de abril, cuando fue nombrada consejera del INE, Gabriela Hernández reportó en esta página lo que se le imputaba en Puebla: haber facilitado que en los comicios del 2 de junio de 2024 se transfirieran más de 27 mil votos de Morena a Fuerza por México, los suficientes para que ese partido alcanzara el 3% y conservara su registro estatal. Los representantes del PAN y del PRI ante el consejo electoral sostuvieron que desaparecieron 179 actas, justo aquellas donde se detectaba la transferencia; cuando el PAN pidió las copias certificadas, la dirección de Organización del IEEP contestó que no se encontraban. Mario Riestra, hoy dirigente estatal panista, presentó una denuncia penal contra consejeros y funcionarios del instituto.

Cruz García no dijo nada entonces. El IEEP abrió una revisión en su contraloría interna que no produjo resultado alguno.

Hoy sostiene que ninguna autoridad electoral ni tribunal determinó transferencias irregulares y que los resultados de Puebla quedaron firmes tras las impugnaciones. Ninguna autoridad se lo ha cuestionado y tuvieron seis meses para hacerlo: lo publicamos en abril, y en octubre quedó al frente del INE.

Nada de esto lo detectó el INE: no lo vio su contraloría, no lo vio el Consejo General, no lo vieron trece institutos locales, no lo vieron los partidos, cuyo oficio consiste en vigilar al árbitro. Lo publicaron los medios y lo había escrito la ASF en un informe que nadie leyó.

Queda la pregunta de origen: quién las puso ahí.

El 31 de marzo de 2023, López Obrador celebró la designación de Taddei desde Palacio Nacional. Dijo que era «una mujer experimentada», que era «una mujer íntegra», que era incapaz de actuar como el presidente que estaba saliendo. Aclaró que no la conocía personalmente, aunque sí conocía a su familia.

El problema del INE jamás fue su nómina. Era un invento útil y funcionó: la austeridad llegó, los sueldos bajaron, el propagandista se fue.

El país pasó seis años preguntando cuánto ganaba el que contaba los votos. A nadie se le ocurrió preguntar quién le vendía las urnas.