Integrantes del comité de defensa de los campos deportivos señalan presuntas injerencias en la vida comunitaria y cuestionan la falta de documentación sobre las obras atribuidas al IMSS.

Por Stephany Rodríguez

Integrantes del Comité para la Defensa de los Campos Deportivos de Guadalupe Ixcotla y mujeres organizadas de la comunidad informaron que el Congreso del Estado de Tlaxcala conformó una comisión especial para investigar la solicitud de revocación de mandato de la presidenta municipal de Chiautempan, Blanca Estela Angulo Meneses, así como del resto de los integrantes del Cabildo, por presuntos actos que consideran contrarios a los derechos colectivos de las comunidades indígenas de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe.

Durante una conferencia de prensa, los representantes señalaron que la comisión fue integrada por unanimidad de votos el 13 de octubre de 2026. Asimismo, informaron que entregaron un escrito dirigido al diputado David Martínez del Razo, con el propósito de solicitar una reunión de trabajo para establecer un cronograma, revisar las pruebas presentadas y aportar nuevos elementos durante el procedimiento.

Los inconformes sostuvieron que el conflicto deriva de la intención de realizar una obra que, según las autoridades, estaría relacionada con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en terrenos de la unidad deportiva comunal. Acusaron a la alcaldesa y a otros integrantes del Ayuntamiento de ejercer presiones e intervenir en la organización interna de las comunidades, que se rigen por sistemas normativos indígenas.

También señalaron la presunta imposición de José Juan Cuautle Romano como presidente de comunidad de Guadalupe Ixcotla, a quien, afirmaron, la Asamblea General Comunitaria ha destituido en distintas ocasiones. Además, denunciaron que personas que acuden a realizar trámites al Ayuntamiento de Chiautempan presuntamente son requeridas para firmar formatos relacionados con los procedimientos legales promovidos por dicho representante.

Como parte de los antecedentes, mencionaron el retiro de personas y equipo del campo deportivo número cinco, ocurrido el 13 de marzo de 2026, así como la participación de policías y personal municipal en ejercicios de consulta realizados en junio. Según su versión, estos hechos derivaron en el desalojo de la unidad deportiva el 5 de julio.

Ante esta situación, solicitaron que la comisión legislativa considere el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre las sanciones que plantean se encuentran la revocación de mandato de la presidenta municipal y de los integrantes del Cabildo, así como la investigación de la actuación de un exsecretario del Ayuntamiento.

Cuestionan origen de las obras y respuesta ambiental

Durante la conferencia, los representantes también informaron que el 7 de octubre recibieron la notificación del acuerdo mediante el cual la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET) determinó concluir y archivar definitivamente una denuncia ciudadana presentada en agosto de 2026.

En respuesta, el 12 de octubre interpusieron un recurso de inconformidad ante el titular de la dependencia, Iván García Juárez, para solicitar la revocación de dicho acuerdo. Argumentaron que la resolución no detalla suficientemente las diligencias realizadas, las pruebas valoradas, las autorizaciones revisadas ni los fundamentos técnicos y jurídicos que sustentan la conclusión de que no se detectaron irregularidades ambientales.

Otro de los puntos expuestos fue el origen de los trabajos realizados en el campo deportivo número dos. Los integrantes del comité afirmaron que existe una discrepancia entre la información difundida por autoridades municipales y estatales, que relacionan el proyecto con el IMSS, y las respuestas atribuidas al propio instituto en el juicio de amparo indirecto 1380/2026.

De acuerdo con lo expuesto durante la rueda de prensa, el IMSS, a través de su representación en Tlaxcala, manifestó en un informe presentado dentro del juicio de amparo que no había iniciado la ejecución material de obras en la unidad deportiva. Asimismo, señalaron que, durante una audiencia judicial celebrada el 9 de septiembre, el abogado del instituto habría indicado que los trabajos iniciados estaban a cargo del Gobierno estatal y no del IMSS.

Los inconformes consideraron que la respuesta de la PROPAET no aclara documentalmente el origen, alcance y propósito de las obras, ni atiende, según su versión, sus planteamientos sobre las condiciones de la zona y su relación con la cuenca.

También expresaron preocupación por la infraestructura necesaria para el funcionamiento del proyecto, particularmente en materia de drenaje y abastecimiento de agua. Afirmaron que no se les ha presentado información suficiente sobre las soluciones previstas para estos servicios y advirtieron sobre los posibles efectos ambientales que, desde su perspectiva, podrían derivarse de su operación.

Los representantes añadieron que el director general del IMSS, Zoé Robledo, no ha respondido, según indicaron, a cinco peticiones que le han entregado. También señalaron que continúa pendiente la resolución de una queja presentada ante el órgano interno de control.

Finalmente, los integrantes del comité reiteraron que su objetivo es defender los terrenos comunales destinados a actividades deportivas y solicitaron que las autoridades municipales, estatales y federales esclarezcan la situación jurídica y administrativa del proyecto, así como las condiciones bajo las cuales se ejecutan los trabajos.