Por recortes al gasto de arrendamiento, 22 trabajadores fueron reubicados en “Los Conos”, en Ixtacuixtla, donde laboran en espacios reducidos y con carencias de servicios básicos, de acuerdo con una investigación de MCCI.

Por Stephany Rodríguez 

La política de “austeridad republicana” implementada en el Gobierno federal habría provocado que trabajadores de la Procuraduría Agraria fueran desalojados de sus oficinas y reubicados en instalaciones consideradas precarias en al menos seis estados del país, entre ellos Tlaxcala.

De acuerdo con una investigación de la periodista Valeria Durán, publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la reducción del presupuesto destinado al pago de rentas afectó la operación de las representaciones estatales de la dependencia, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

En el caso de Tlaxcala, 22 trabajadores fueron trasladados desde inicios de febrero de este año a un inmueble ubicado en Calle Real 1, en Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, conocido como “Los Conos” o “Graneros del pueblo”.

Se trata de antiguos almacenes cilíndricos que durante el siglo XX fueron utilizados por la extinta Conasupo para almacenar granos destinados al consumo de las familias.

Actualmente, cinco de estas estructuras son utilizadas por la Procuraduría Agraria: dos funcionan como espacios para archivo, una como almacén de mobiliario y tres fueron habilitadas como oficinas operativas para atender a los ejidatarios tlaxcaltecas.

Según los testimonios recabados por MCCI, en cada uno de los conos trabajan entre siete y ocho personas, en espacios donde apenas caben los escritorios y archiveros. Esta situación también dificulta la atención al público, debido a que el reducido espacio limita el tránsito de las personas que acuden a solicitar asesoría.

A las condiciones de hacinamiento se suman otras carencias. Los trabajadores señalaron que no cuentan con baños propios, línea telefónica, servicio de limpieza ni vigilancia, mientras que parte del personal de base tampoco dispone de equipo de cómputo y debe recurrir a los dispositivos asignados a otros empleados.

El acceso a sanitarios depende de oficinas de Bienestar ubicadas en el mismo sitio, cuyos servicios pueden quedar restringidos cuando no hay suministro de agua.

La investigación señala que la situación de Tlaxcala forma parte de un problema que también fue identificado en las oficinas de la Procuraduría Agraria de Yucatán, Guanajuato, Michoacán, Estado de México y Ciudad de México, donde trabajadores reportaron condiciones similares derivadas de la reducción del gasto destinado al arrendamiento.

De acuerdo con el Informe de Austeridad Republicana 2025 de Sedatu, citado en la investigación, el gasto para el arrendamiento de edificios y locales disminuyó 59.1 por ciento respecto de 2024, reducción que impactó directamente en los espacios utilizados por las representaciones de la Procuraduría Agraria.

En Tlaxcala, la reubicación implicó que la atención y las labores administrativas de la dependencia pasaran de oficinas convencionales a estructuras que originalmente fueron construidas para almacenar granos, en un contexto de reducción del gasto federal destinado al pago de rentas.

La investigación periodística advierte que, además de las limitaciones en infraestructura, trabajadores de distintas entidades han tenido que cubrir con recursos propios algunos insumos básicos para mantener la operación de las oficinas y evitar interrupciones en la atención a los usuarios.