Cortesía Fabián Robles/Faronoticias

(Faro Noticias/13 de julio 2026) Tras subrayar que la persona responsable del Poder Ejecutivo “tiene la obligación de generar un discurso que no estigmatice a la prensa”, porque así lo establece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Pedro Cárdenas Casillas lamentó que la Oficina Local para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Tlaxcala opere con muchas deficiencias y solo como una ventanilla de trámite.

“El mecanismo estatal en Tlaxcala dista mucho de tener las capacidades que tienen otros mecanismos estatales con más autonomía de acción, más recursos económicos y en Tlaxcala prácticamente estamos hablando de una oficina de un grupo mínimo de personas”, afirmó.

Al participar en el foro “Retos del periodismo en el contexto electoral de Tlaxcala 2027”, celebrado en el Patio Vitral del Congreso local, el especialista advirtió que el desinterés del gobierno también se refleja en el reducido presupuesto anual asignado a este tema “y entonces donde se pone el recurso está muy claro dónde está la prioridad de la autoridad”.

Consideró que, si la autoridad estatal quisiera priorizar la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, “tiene que priorizar el presupuesto, la transparencia y las medidas preventivas”.

Cárdenas Casillas apuntó también que en Tlaxcala y en otras partes del país “no se está atacando el problema de origen, que es que la violencia viene de autoridades que desconocen el estándar de libertad de expresión y derechos humanos que tienen que seguir”.

Por eso se pronunció a favor de un enfoque mucho más preventivo de trabajo, particularmente con otras autoridades y que las medidas no sean solo físicas, sino también pensar en incluir protección colectiva y de trabajo, debido a que los mecanismos en la materia “todavía adolecen de una protección integral completa”.

Invitado por el Consejo de Medios de Comunicación de Tlaxcala (Comecot), el colaborador de Article 19 recomendó que, en el caso de la Oficina Local de Protección del estado, “habría que estar trabajando ya en materia de qué protocolos vamos a activar durante la elección (de 2027), cómo vamos a generar medidas adicionales y cómo nos aseguramos que cuando haya una agresión se vaya debidamente a proteger a la persona periodista y no solo con medidas paliativas”.

Señaló que, tal como opera esa oficina dependiente de la Secretaría de Gobierno (Segob) “es meramente un mecanismo de reacción”, y pidió no olvidar que en México una de cada dos agresiones a periodista proviene, precisamente, de las autoridades.

“El problema es que en México hemos convertido los mecanismos como en la ventanilla única de atención. ¿Eres periodista? Te toca ir con el mecanismo, pero todas las otras autoridades también tienen responsabilidades. Las fiscalías tienen una obligación de investigación en acorde al protocolo homologado de delitos contra la libertad de expresión que tienen que aplicar, y particularmente el legislativo tiene la obligación de observar que las normativas sean siempre acordes a los más altos estándares de libertad de expresión”, insistió.

PROPUESTAS DEL COMECOT

Durante el foro, el presidente del Comecot, Edgardo Cabrera Morales, puntualizó que “la calidad de una democracia no se mide únicamente por la limpieza de sus elecciones, sino también por la libertad con la que pueden trabajar sus periodistas”.

Tras advertir que desde esa organización —que aglutina a empresarios de 25 medios de comunicación en la entidad— no se buscan privilegios, inmunidad o impunidad, planteó la necesidad de contar con reglas claras e instituciones fuertes y que haya una democracia en la cual se entienda que proteger al periodismo “significa proteger el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad”.

El también director del portal Gentlx recordó que, durante los últimos años, se ha dado un fenómeno preocupante: “cada vez resulta más sencillo desacreditar a un periodista que responder a una investigación; cada vez resulta más común intentar silenciar mediante litigios, campañas de desprestigio, presiones económicas, intimidaciones digitales o procedimientos administrativos”.

Ante esas circunstancias, Cabrera Morales dio a conocer la propuesta del Consejo de Medios denominada “Agenda por la Libertad de Expresión y la Integridad Electoral 2027” que incluye cinco puntos.

La primera consiste en modificar la legislación electoral para impedir que las medidas cautelares limiten indebidamente el trabajo periodístico; la segunda va en el sentido de adicionar el artículo 149 Quater del Código Penal Federal para sancionar las conductas destinadas a intimidad o silencias periodistas, particularmente cuando provengan de servidores públicos o de quienes actúen con su respaldo.

La tercera prevé la creación de un Protocolo Electoral para la Protección del Periodismo; la cuarta, gira en torno a crear un Observatorio Electoral de Libertad de Expresión; y la quinta, instalar una mesa permanente entre Comecot y otras organizaciones de periodistas, autoridades electorales, universidades, organizaciones especializadas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT).