Por: Juan Manuel Cambrón Soria

En la teoría política moderna existe una premisa central que pesa sobre el Estado: cuando éste no puede garantizar condiciones mínimas de seguridad comienza inevitablemente a erosionar su legitimidad. La seguridad pública no constituye únicamente una obligación administrativa del gobierno; representa la condición indispensable para que una sociedad pueda desarrollarse, convivir y proyectar certidumbre sobre su futuro.

Desde ese ángulo, Thomas Hobbes sostenía que la principal razón de existencia del Estado es proteger a las personas frente al caos y la violencia, evitando aquello que definió como “la guerra de todos contra todos”. En términos contemporáneos, esta idea conserva plena vigencia, porque si las instituciones son incapaces de garantizar tranquilidad, las personas comienzan a modificar su comportamiento cotidiano, restringen libertades, alteran rutinas y normalizan el miedo como parte de su vida.

Ahora bien, hay que entender que un Estado con estándares razonables de seguridad no es necesariamente aquel donde el delito desaparece, sino aquel donde las instituciones poseen capacidad para contener riesgos, prevenir violencia y mantener el monopolio efectivo de la fuerza. La percepción de tranquilidad importa tanto como las cifras oficiales, porque condiciona decisiones económicas, sociales y personales: invertir, abrir un negocio, salir de noche, permitir que los hijos transiten libremente o incluso participar activamente en espacios públicos.

Esto significa que la seguridad es un bien público asociado al bienestar colectivo. El sociólogo Abraham Maslow señala que difícilmente puede hablarse de desarrollo individual o comunitario cuando la percepción de amenaza invade la cotidianidad, por lo que el miedo hace que se deje de confiar.

Sin embargo, el deterioro institucional en materia de seguridad rara vez ocurre de manera abrupta o por casualidad. Si bien es cierto es difícil identificar un momento exacto en que un sistema policial colapsa; también lo es que detrás existe un proceso silencioso y progresivo, donde primero se pierde capacidad operativa, después credibilidad y finalmente control territorial. Las causas de esta erosión suelen ser identificables: politización de mandos, improvisación, falta de profesionalización policial, debilitamiento de capacidades de inteligencia, insuficiente coordinación interinstitucional, precariedad presupuestal o simplemente la negación persistente del problema.

El politólogo Francis Fukuyama ha advertido que la fortaleza de un Estado no depende únicamente de su tamaño, sino de su capacidad efectiva para cumplir funciones esenciales. Y pocas responsabilidades son tan esenciales como garantizar seguridad.

En este contexto, el error más grave que cometen los gobiernos es negar sistemáticamente las señales de deterioro, lo cual trae consigo el reflejo por el que sustituyen el diagnóstico institucional y certero por la narrativa simple. Tlaxcala parece transitar peligrosamente por esa ruta.

Durante los últimos 5 años se ha construido un discurso oficial basado en la idea de que la entidad permanecía aislada de los fenómenos de violencia que golpeaban a otras regiones del país. No obstante, la realidad comenzó gradualmente a contradecir esa narrativa. La aparición recurrente de cuerpos abandonados, ejecuciones múltiples, mensajes atribuidos a grupos criminales, episodios de violencia cada vez más visibles y una creciente sensación de inseguridad han empezado a configurar un escenario difícil de ignorar.

No se trata de sembrar alarmismo ni de afirmar irresponsablemente que Tlaxcala vive una crisis equiparable a entidades históricamente marcadas por la violencia criminal; pero sí se trata de reconocer algo más elemental que hemos insistido: negar la presencia de un problema no equivale a resolverlo.

El gobierno estatal encabezado por Morena parece haber optado durante demasiado tiempo por minimizar síntomas antes que fortalecer capacidades. Mientras la versión gubernamental insiste en normalizar los acontecimientos o relativizar su gravedad, la percepción ciudadana comienza lentamente a cambiar, porque la gente en su día a día percibe el fenómeno como un primer termómetro del deterioro.

Un mal gobierno no necesariamente se define únicamente por errores administrativos, sino por su incapacidad, su incompetencia, su indolencia y su indiferencia, ya no para resolver los problemas, siquiera para reconocerlos. Y hoy estamos metidos precisamente en esa espiral inagotable, donde un día el gobierno niega la inseguridad y al siguiente un hecho atroz aparece superando al del día anterior en magnitud, en saña, en violencia, en crueldad; arrojando inexorablemente el mismo resultado: miedo que se generaliza, desconfianza sobre el gobierno y sus instituciones, enojo que orilla a querer hacer justicia por propia mano, y familias que van acumulando víctimas, dolor, sufrimiento, que han dejado de ser una estadística como el gobierno persiste en mostrarlos, números y casos aislados, para ser historias de personas, de madres, de padres, de hijos y hermanos, con rostro y apellido, vidas abruptamente interrumpidas que no serán igual, donde Morena pretende administrar la tragedia cerrando los ojos al sufrimiento.

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