Urgen corrección de suspensión provisional dictada por “juez bienestar”

Por Selene Sosa

Un total de 685 estudiantes de las Escuelas “Emiliano Zapata” e “Ignacio Manuel Altamirano”, en su turno matutino y vespertino, respectivamente, se vieron afectados tras la determinación de un juez federal, quien dictó que el titular de la SEPE se convirtiera en juez y parte en el Amparo Directo 361/2026-3, por lo que urgen la corrección de la Suspensión Provisional.

En entrevista para Gentetlx, el abogado de ambos turnos Gerardo Sóstenes Rodríguez y Monserrat Solís, Presidenta del Comité de Lucha de las instituciones educativas ubicadas a espaldas del Mercado Municipal de Tlaxcala, lamentaron la Suspensión Provisional dictada por el Juez Carlos Alberto Ávila Muñoz del Juzgado Tercero de Distrito.

Hay que recordar que, los afectados presentaron el 10 de marzo el Amparo Directos 361/2026-3, mismo que fue resuelto durante el periodo vacacional de Semana Santa, por lo que no fue posible notificarlo al titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández, hasta el reinicio de clases.

No obstante, la determinación del juez, electo en el pasado Proceso Electoral del Poder Judicial, decidió que fuera la SEPE la encargada de determinar la permanencia o la reubicación de la escuela, convirtiendo al funcionario de la Cuarta Transformación en “juez y parte”, por lo que están a la espera de la corrección en la Suspensión Definitiva.

De no ser así, adelantó el abogado, promoverán un Amparo de Queja para que el asunto sea remitido al Tribunal Colegiado de Circuito para que sea este el que ratifique o corrija la decisión del “juez bienestar”, en tanto, se desahogan los peritajes pendientes.

Sobre esto último, Sóstenes Rodríguez expuso que el Juez Carlos Ávila nombró a un perito de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJET), que encabeza Ernestina Carro Roldán, como “perito oficial”, al tiempo que las escuelas contrataron a un perito especializado en infraestructura educativa, estando pendiente el nombrado por la SEPE.

Una vez que las tres partes cuenten con los peritajes y la Secretaría de Educación Pública del Estado presente su informe justificado, se llevará a cabo la Audiencia Constitucional, la cual probablemente sea diferida y, el juez federal, resuelva a mediados del mes de junio próximo.

En caso de que su determinación sea la mudanza de la escuela, la comunidad de padres y madres de familia, con el acompañamiento jurídico solicitarán una Ampliación de Demanda de Garantías para requerir al juez que pida a la Secretaría de Educación Pública (SEP) un informe sobre la vigencia de las claves.

Ello, derivado de que Meneses Hernández sentenció la desaparición de las claves 29DPR0423I y 29DPR0228F, correspondientes a las escuelas primarias “Emiliano Zapata” e “Ignacio Manuel Altamirano”, cuya matrícula se ha visto reducida por el conflicto, generando la baja de, al menos, 45 estudiantes.

Y es que, la situación de las primarias que ahora se albergan en unas inmediaciones inconclusas ha generado otros conflictos, ya que se trata de cuatro instituciones en un mismo edificio, las escuelas “Emiliano Zapata” e “Ignacio Manuel Altamirano”, de Tlaxcala Capital y las escuelas “Emiliano Zapata” y “Juan Escutia” de La Loma Xicohténcatl.

De acuerdo con el testimonio de Monserrat Solís, hay casos graves de bullying entre el alumnado, así como entre docentes e, incluso, entre la sociedad de padres y madres de familia de la escuela sede, por lo que adelantaron que acudirán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala (CEDHT), que preside Jakqueline Ordoñez Brasdefer, a presentar las quejas correspondientes.

Así como al Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA) para el tema que concierne al personal docente, quienes incluso se han visto perseguidos por liderazgos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 31, que mantiene raptado Cutberto Chávez De la Rosa.

El hostigamiento, según sostuvieron en entrevista, abarca a quienes han alzado la voz en contra de la decisión del Gobierno del Estado que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros, quienes remarcaron que no se trata de un asunto ajeno al interés del bienestar y derechos de las y los menores de edad.