Por Ana Lilia Rivera Rivera

En México, hablar de pensiones siempre toca fibras profundas. Se trata del reconocimiento que una sociedad hace a las personas que dedicaron su vida al trabajo, al servicio público o a la construcción cotidiana del país. Una jubilación digna no es un privilegio: es un derecho legítimo y una expresión elemental de justicia social.

Por ello voté a favor de la reforma al artículo 127 constitucional que establece criterios de justicia y responsabilidad presupuestaria en los esquemas de jubilaciones y pensiones financiados con recursos públicos. Esta reforma permite garantizar un uso responsable del dinero de todas y todos los mexicanos y, al mismo tiempo, evitar excesos que durante muchos años se permitieron en algunos sistemas de retiro del Estado.

Es importante decirlo con toda claridad: esta reforma no elimina el derecho a una pensión ni desconoce la dignidad que debe acompañar a toda jubilación después de una vida de trabajo. Por el contrario, busca fortalecer un principio básico de cualquier democracia que aspire a ser justa: que los recursos públicos se administren con responsabilidad y pensando siempre en el interés colectivo.

Durante décadas, el sistema de pensiones en el sector público convivió con profundas desigualdades. Mientras millones de trabajadores en México han tenido que enfrentar sistemas de retiro con ingresos limitados, también existieron esquemas que permitían pensiones muy por encima de lo razonable, financiadas con dinero público. Ese contraste no solo es financieramente insostenible, también resulta éticamente cuestionable.

La iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y aprobada por unanimidad en el Senado, establece un criterio elemental de coherencia constitucional: si la propia Constitución fija límites para las remuneraciones en el servicio público, también resulta lógico establecer parámetros para las pensiones que se pagan con recursos del Estado.

No se trata de una medida arbitraria ni de una decisión contra quienes dedicaron su vida al servicio público. Se trata de poner orden en un sistema que durante años permitió distorsiones que hoy el país ya no debe sostener.

La reforma también aclara algo fundamental: no afecta los ahorros individuales para el retiro ni los sistemas construidos con las aportaciones de las y los trabajadores. Tampoco pone en riesgo los apoyos sociales que reciben millones de personas adultas mayores y personas con discapacidad, políticas públicas que hoy representan uno de los pilares del Estado social que estamos construyendo.

En otras palabras, no se toca el derecho de las personas trabajadoras a su retiro. Lo que se establece es un principio de responsabilidad cuando esos recursos provienen del presupuesto público, es decir, del esfuerzo de todas y todos los contribuyentes.

Esta discusión, en el fondo, nos invita a reflexionar sobre el sentido del servicio público. Quien decide servir al país desde una responsabilidad pública debe entender que su tarea no es acumular privilegios, sino contribuir al bienestar colectivo. El servicio público no puede concebirse como un espacio para perpetuar beneficios desproporcionados financiados por la sociedad.

La reforma al artículo 127 constitucional busca precisamente armonizar dos principios que deben caminar juntos en cualquier Estado democrático: garantizar el derecho a una pensión digna y asegurar el manejo responsable de los recursos públicos. Esa es la lógica de fondo. No se trata de confrontar derechos ni de desconocer trayectorias laborales; se trata de construir un país más justo, donde el dinero del pueblo se administre con honestidad y donde las instituciones respondan verdaderamente al interés general.

En la vida pública, la congruencia es indispensable. Si aspiramos a consolidar un Estado que combata la desigualdad y que utilice los recursos públicos con ética, entonces también debemos revisar aquellas prácticas que durante años permitieron excesos. México puede y debe garantizar pensiones dignas para quienes han trabajado toda su vida. Pero también debe asegurar que ese compromiso se sostenga con reglas claras, responsables y justas.

Porque cuando hablamos del presupuesto público, hablamos del esfuerzo de millones de personas. Y ese esfuerzo merece siempre respeto, transparencia y responsabilidad. Senadora de la República por el Estado de Tlaxcala.

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