Fuente: TELEDIARIO

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) informó este martes 12 de agosto de 2025 que Jorge “N” y Jesua “N” se presentaron de manera voluntaria ante las autoridades, como parte del proceso abierto por el delito de violación tumultuaria en perjuicio de Susan “N”. Esto cumple con las órdenes de aprehensión previas, mientras que el tercer implicado, Ángel “N”, ya está vinculado a proceso.

Así fue el caso que cimbró a Campeche:
Los hechos se remontan al 30 de marzo de 2025: luego de una salida a un bar, Susan —estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Campeche— fue agredida sexualmente por tres hombres, uno de ellos un amigo. Se abrió la carpeta de investigación CI-2-2025-448, tipificada como violación equiparada tumultuaria. Desde el inicio, el caso estuvo marcado por irregularidades: horas después de que Susan presentó la denuncia, los acusados ya estaban al tanto, lo que sugiere posibles filtraciones dentro de la Fiscalía. También se denunciaron intentos de encubrimiento vinculados al partido gobernante, Morena.

Retraso en la justicia y presión pública:
Las órdenes de aprehensión se giraron en abril, pero hasta julio sólo uno estaba detenido. La lentitud del proceso llevó a Susan a romper el silencio públicamente: “No es algo bonito que una víctima se tenga que exhibir tanto para hacer justicia”, expresó, denunciando la revictimización y la exposición mediática como mecanismos impuestos por la falta de acción institucional.

La voz de Susan y el desafío que enfrenta:
Susan y su madre han señalado que los agresores cuentan con protección política: “Los vimos en fotos con uniformes del partido durante campañas”. Susan escribió: “Solo estamos pidiendo que Jorge N. y Yeshua N. se entreguen”. Aclaró que no desea acuerdos extrajudiciales ni negociaciones “por fuera”, sino un proceso legal justo.

Testimonios de otras víctimas y exigencia de justicia:
Desde que Susan alzó la voz, al menos siete mujeres se han acercado, relatando agresiones similares por parte de los mismos sospechosos, sin denunciar por temor o desconfianza institucional. El fiscal Jackson Villacís ha afirmado que el estado trabaja “sin privilegios” y que no habrá protección a los implicados; además, aseguró colaboración con otras entidades para su localización.