Así lo definió la SCJN

Por Selene Sosa

La administración estatal de Lorena Cuéllar Cisneros creó una Ley de Obras Públicas para favorecer a unos cuantos de ahí que la recurrieran, por lo que fue invalidada en uno de sus artículos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Se trata del artículo 29bis, párrafo tercero de la ley impugnada, que «debe leerse a la luz del artículo 134 de la Constitución Política del país, del cual deriva una facultad reglamentaria del legislador para regular procedimientos, bases, reglas, requisitos y demás elementos para lograr la realización de los principios que informan el régimen contractual del Estado», advirtió la Corte.

Es de mencionar que la electa de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) dotó de facultad a la Secretaría de Finanzas (SF) para que esta preseleccionara, suspendiera o cancelara a los posibles contratistas de obra pública a través del “Padrón Único de Contratistas”, lo que violentaba las facultades y autonomía de los ayuntamientos para adjudicar proyectos con cargo a sus propios recursos.

Ello, a través de modificaciones a la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala, en la cual los ayuntamientos quedaban completamente restringidos para adjudicar proyectos a contratistas que no estuvieran inscritos en dicho padrón, aunque la obra se financiara con recursos propios.

Dado lo expuesto, la SCJN expuso que dicha reforma violentaba lo establecido en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en el que se establece el marco regulador para los procedimientos, bases, reglas, requisitos y demás pasos para la adjudicación de obras.

De ese modo, la Controversia Constitucional 362/2023, promovida por Tlaxcala quedó aprobada por el Pleno de la Corte, invalidando así el Decreto 225, en el que precisamente se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la multicitada ley durante la LXIV Legislatura, imposibilitando a Cuéllar Cisneros de beneficiar a unos cuantos y regresando a los ayuntamientos autonomía.