Por Camila Tornel

¿Alguien sabe qué hace o para qué sirve el Instituto Tlaxcalteca para Devolverle al Pueblo lo Robado (ITDPR)? No verdad, pues yo tampoco.

Y es que, desde hace semanas, hemos venido documentado una grave anomalía legal que existe en una dependencia que, sencillamente, no tiene razón de ser, pues es la fecha que nadie sabe qué hace o en qué ha beneficiado a los tlaxcaltecas.

Lo único que sabemos es que su titular, Miguel Á. Sánchez sigue cobrando sin trabajar y solo se ha dedicado a crecer el aparato burocrático, colocando y contratando gente a diestra y siniestra, dando como resultado una estructura gubernamental cada vez más ineficiente y obesa.

Ya desde hace semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó diversas disposiciones de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, por lo que este Instituto carece de validez, y el nombramiento de su director es ilegal e inmoral como dirían en la 4T.

Mientras a nivel federal se han hecho modificaciones a la ley orgánica para adelgazar, extinguir y modificar órganos, dependencias, secretarías y fideicomisos, los cuales, muchos no tenían razón de ser, en Tlaxcala, se sigue solapando y pagando con dinero del pueblo, un Instituto y un director que no han dado resultados.