Por Edgardo Cabrera 

Homero Meneses se piensa inmune, por encima de la ley, y ello quedó de manifiesto luego de que atacara al periodista Martín Rodríguez porque simplemente no le gustó que pusieran en duda el manejo de la Secretaría de Educación. Iracundo, respondió con agresión a través de su cuenta de Facebook, calificó de “mala persona” e “ignorante” al comunicador, en lugar de ejercer su derecho de réplica, en caso de que la información fuera falsa.

La actuación de Homero le valió ser denunciado ante la Secretaría de la Función Pública porque su comportamiento pudo incurrir en una falta en su calidad de servidor público, ya que no es lo mismo insultar públicamente a quien usa su derecho a la libertad de expresión en ejercicio de su labor profesional, que defender con argumentos y apegado al marco legal alguna omisión.

Pero ahí no acaba el asunto, una vez develada la denuncia, de nueva cuenta Homero mostró su talante intolerante, por medio de su perfil en la red social reiteró los insultos y, como suele hacerlo, se erigió en el paladín de la democracia “a modo”, esa que le gusta a la clase cuatroteísta, en la que solo ellos pueden manifestarse, ejercer la libertad de expresión y criticar, los demás no.  

El secretario pierde de vista que las cuentas en redes sociales que utiliza con su nombre no son personales para hacer sus bananeros comentarios o ridiculeces. A quien gusta que lo llamen “doctor” debe ponerse a estudiar el marco legal que establece que las redes sociales “adquieren la misma relevancia pública que sus titulares, particularmente si a través de ellas comparten información o manifestaciones relativas a su gestión gubernamental”, por lo que lo escrito o dicho ahí es razón suficiente para proceder en su contra como ocurrió. 

Muy bien por el colega Martín Rodríguez, en lugar de subirse al tren de los insultos recurrió a la ley, ahora veremos si está a la altura la Triste Historia para atender la demanda o el caso escala al ámbito de lo federal.

Lo que pasa en la SEPE no es menor, sobre este funcionario pesan infinidad de protestas, señalamiento de acoso laboral, represión a manifestaciones, incluso la muerte de una normalista, anomalías millonarias en el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales, mitomanía, uso del aparato estatal y judicial para perseguir adversarios, espionaje, y la lista sigue.

OFICINA ESPURIA

A colación del caso, la mentada Oficina de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos sigue actuando como comparsa protectora del gobierno, no es para menos, depende directamente de la Secretaría de Gobierno y aún no existe la ley en la materia que garantice su funcionamiento con reglas claras y la norma como premisa.

Su titular, un ministro de culto, sigue comportándose como damo de compañía y asistencia de los funcionarios, no de periodistas o activistas, se atribuye facultades como llamarles a las víctimas para pedirles “conciliar”, “porque es lo mejor”, y generalmente sus comunicaciones las hace a destiempo o cuando los funcionarios acusados le piden su intervención celestial.

Más allá de las calenturas electorales, los miembros de la actual legislatura están obligados a sacar la ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, claro, armonizada con la federal, tampoco se vale que traten de inventar el hilo negro o pongan cualquier ocurrencia mandada desde el despacho de su jefa.  

COLOFÓN

En el pecado llevaron la penitencia, la negativa a despedir a quien mal se desempañaba como titular de prensa de gobierno y reacomodarla en la Coracyt les cobró factura luego de que ayer sacaran del aire la señal de la televisión por no realizar un trámite administrativo ante el IFT, y es que su titular anda más ocupada haciendo bulto en los eventos de la jefa que en ponerse a trabajar. Por cierto, no solo fue la tele, Radio Tlaxcala también salió del aire el lunes por la tarde ya que se les quemaron los transmisores, este martes ya reestablecieron la señal.