Por Felipe Hernández Hernández

En la memoria colectiva y en la prensa nacional existen testimonios de diversas obras que los gobiernos federal o estatales realizaron en el ámbito de la cultura, educación, comunicaciones y turismo, entre otros, que resultaron un verdadero fracaso con un gasto muy superior a lo inicialmente proyectado, pero sobre todo que no lograron los objetivos que se habían propuesto.

Un ejemplo de ello, sin que sean los únicos casos, son la Biblioteca José Vasconcelos, la Expo Bicentenario en Guanajuato, la Estela de Luz, la Autopista Durango-Mazatlán, la Línea 12 del metro de la CDMX, la Estrella de Puebla, la planta de vacunas contra la influenza y el CEFERESO 11 de Hermosillo, Sonora. Son obras recientes que costaron al erario, o mejor dicho a los contribuyentes, grandes sumas de dinero y un enorme gasto para la hacienda pública.

Los titulares del poder ejecutivo ejerciendo su autoridad o en un acto de autoritarismo decidieron realizar estas obras sin tomar en cuenta diagnósticos sobre su viabilidad social y económica, pensándolas más como obras emblemáticas de su administración, pero que no resolvían problemas prioritarios de la población.

Para la producción de vacunas contra la influenza, el gobierno federal decidió en 2009 construir una planta con un costo de 493 millones de pesos; para marzo 2011 no había nada concreto, pero la empresa responsable solicitó 589 millones de pesos más, la construcción inició hasta noviembre de 2011, y en 2015 solicitaron otros mil millones más, en ese mismo año se les avisó que ya no habría más recursos, finalmente la obra se suspendió; en 2018 el edificio fue demolido (Expansión Política, 2022).

En Hermosillo, Sonora, se construyó en 2012 una cárcel de máxima seguridad, el CEFERESO 11, con una coinversión entre recursos públicos y privados, el gobierno federal invirtió 1,200 millones de pesos y le otorgó a la iniciativa privada la concesión, construcción y administración por 22 años; en virtud del esquema creado, el gobierno paga cerca de 16,000 millones de pesos al año. Esto significa que en esta cárcel cuesta 3,471 pesos diarios mantener a un recluso, dinero que pagamos los mexicanos, costo muy superior a los 500 pesos diarios que cuesta el mantenimiento de un recluso en una cárcel administrada por el estado (Expansión Política, 2022).

En caso de las vacunas, se despilfarraron millones de pesos por la empresa estatal responsable de la obra, hecho que confirma la desconfianza de los ciudadanos sobre la eficiencia del gobierno, alrededor del 50% desconfía de los gobiernos federal y estatales y de los servidores públicos (INEGI, 2021); en caso del CEFERESO siendo una obra ejecutada y administrada por la iniciativa privada que se supone son muy cuidadosos en dónde y cómo invierten sus recursos, la duda es respecto al interés del gobierno en esta coinversión porque la empresa obtuvo ganancias por la prestación de un servicio que terminan pagando los ciudadanos directa o indirectamente.

En nuestro estado también hay “ocurrencias” similares.

La administración estatal ha tomado decisiones que generan muchas dudas en cuanto a la finalidad última que persiguen, como es el caso de la Viña Navideña y del antro en la azotea del Museo de Arte aperturados en tiempos de la pandemia, o del Mundial de voleibol de playa y Mundial de tiro con arco, por mencionar algunos.

Un caso muy controvertido es el proyecto para construir un Autotrén, anunciado en los últimos días de marzo pasado, que tendría en una primera etapa un recorrido de dos kilómetros saliendo del Jardín Botánico y terminando en la Plaza Bicentenario.

Alrededor de este proyecto surgen diversas interrogantes: se menciona que uno de sus beneficios será mejorar la movilidad de la población, incluyendo a las personas con discapacidad y adultos mayores, la movilidad y traslado de estas personas demanda una infraestructura especial como rampas o escaleras eléctricas para subir a los vagones y a las estaciones ¿Y si llevan andaderas o silla de ruedas?

Otro de sus beneficios, dicen, sería acortar los tiempos de traslado, sin embargo, en razón de los puntos de salida y llegada ¿Para quiénes se ha pensado este autotrén? Porque los usuarios buscan que el transporte público los lleve lo más cerca de su destino o de los puntos de conexión para tomar otros medios de transporte, a efecto de gastar lo menos posible dado el costo del pasaje -recientemente incrementado.

Cada vagón, dicen, podría transportar hasta ocho personas, y si ocurre como con otros servicios, como las combis, que solo van a su máxima capacidad en las “horas pico” y el resto del día trasladan a un número reducido de usuarios, considerando toda la inversión que implicaría esta obra ¿Cuánto costará el pasaje a los usuarios? ¿Quién pagará finalmente la obra? ¿Serán recursos públicos nuevamente?

Señalan también que el autotrén o “medio tren” se realizaría con inversión privada, pero ésta solo invierte donde puede obtener una ganancia adicional ¿Le convendrá a la empresa realizar esta obra? ¿En cuánto tiempo podrá recuperar su inversión? ¿Cuáles son las obligaciones del gobierno al respecto? ¿Qué habrá detrás de este acuerdo para garantizar a los inversionistas la recuperación de su dinero?

¿Es una ocurrencia o es plan con maña? Conste son preguntas.

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