Por Felipe Hernández Hernández

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que acordó la UNESCO en el año 2015 estableció 17 objetivos que al lograrse mejorarían las condiciones de vida de las personas, erradicarían la pobreza, se protegería el planeta y sobre todo se aseguraría la prosperidad para las actuales y futuras generaciones.

La UNESCO reconoció que para lograr estos objetivos era necesario tener sociedades justas e inclusivas, lo cual plasmó en el Objetivo 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, donde resaltó que las personas no deben tener temor a ninguna forma de violencia y tienen que sentirse seguras a lo largo de su vida, independientemente de sus circunstancias y preferencias.

La finalidad del Objetivo 16 es promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

La mayoría de los países asumieron estos objetivos como propios y establecieron una serie de políticas nacionales alrededor de ellos. En nuestro país las administraciones, federal y estatal, lo incorporaron a sus planes de desarrollo. 

En el caso de Tlaxcala, el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 reconoce como una prioridad la consolidación de la paz y la prevención de conflictos. En sus objetivos específicos señala el propósito de garantizar una vida plena, en paz y armonía, así como atacar las causas de la inseguridad de manera que incentive la participación y seguridad ciudadana, genere cohesión, prevenga los delitos y combata la violencia y la ilegalidad y disminuya las desigualdades e inequidades.

Estos propósitos se encuentran dentro del Eje Estado de derecho y seguridad, que forman parte de la Política Estratégica 5 Emprender la construcción de la paz, la cual contempla la Estrategia de seguridad y la Prevención del delito y la reconstrucción del tejido social. El primero señala que promoverá la cultura de paz difundiendo que la paz es posible, que es moral, social, política y económicamente superior y preferible a la violencia; el segundo, señala que atacarán las causas profundas de la delincuencia para reforzar los lazos de cohesión social a partir del acceso a la educación para todos los jóvenes, la inversión en salud y los programas de desarrollo económico.

La reconstrucción del tejido social, mencionan Mendoza y González (2016), es un factor esencial para que exista gobernabilidad y se generen condiciones de bienestar para las familias y los individuos, es muy importante porque fortalece el grado de pertenencia, solidaridad y cohesión social de una comunidad o de un país.

En nuestro contexto, estamos obligados a pensar la reconstrucción del tejido social como una apuesta por la paz, como señalan Mendoza y González (2016), reconociendo que el restablecimiento de los vínculos comunitarios rotos no consiste solamente en la supresión del conflicto social, sino que requiere de todo un proceso para la creación de condiciones culturales, ambientales y estructurales para la buena convivencia.

Sin embargo, los recientes anuncios sobre la creación de la Policía rosa, el Protocolo de Actuación Policial para Prevenir y Atender Casos de Linchamientos y las reuniones constantes con organismos de la sociedad civil para disuadir la participación de la ciudadanía, sus expresiones y demandas sociales muestran una acción que va en un sentido diferente al espíritu del Objetivo 16 de la UNESCO.

Al analizar el alcance y sentido de estas acciones resalta, por ejemplo, que el número de integrantes (42 elementos) y patrullas asignadas (13) a la Policía rosa son a todas luces insuficientes para proteger a las mujeres tlaxcaltecas que representan más del 50% de la población total, en tanto que el Protocolo de actuación policial permite a las fuerzas de seguridad el uso de armas letales para repeler y contrarrestar ataques, en estos hechos destaca el concepto de paz que priva en la administración pública estatal, coincidente con la que señaló Sharp (1984) “la paz a través de la fuerza”. 

Estas afirmaciones de ningún modo significan estar a favor de la inseguridad, la violencia o de los linchamientos, sino solo pretenden resaltar la ausencia de una política pública eficaz para atender las causas de la inconformidad social y solo se orientan para la atención de sus efectos o para disuadir su manifestación.

Para lograr lograr la paz, la justicia y la inclusión, es importante que los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades trabajen juntos para poner en práctica soluciones duraderas que reduzcan la violencia, hagan justicia, combatan eficazmente la corrupción y garanticen en todo momento la participación inclusiva y la libertad para expresar las propias opiniones, en público y en privado (UNESCO, 2015).

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