Por Edgardo Cabrera

Cuando no son unos, son otros, si ya habíamos puesto el dedo en la persistencia de tolerar y organizar desde bailes, hasta remates de carnaval y entrega de apoyos en actos multitudinarios, ahora resulta que en los municipios grupúsculos de poder, lidercillos, e incluso las propias autoridades siguen haciendo de las suyas.

No solamente ignoran las recomendaciones sanitarias ante la pandemia que padecemos, sino que son los principales encargados de la desestabilidad social, aprovechándose incluso de la propia contingencia para sacar provecho.  

Es el caso de Chiautempan y Tlaltelulco donde no dan tregua a sus disputas territoriales, cualquier asunto, por mínimo que parezca, se convierte en detonante de agresiones y altercados.

El lunes, por ejemplo, pobladores de Tlaltelulco impidieron al personal del ayuntamiento de Chiautempan instalar lámparas sobre la calle 16 de Septiembre, de la comunidad de Santa Cruz Tetela, bajo el argumento de invasión a las tierras por los chiautempenses.

De los reclamos vecinales pasaron al enfrentamiento de los alcaldes de ambas jurisdicciones que llegaron al lugar, en particular por la intransigencia de Rubén Pluma (de la Magdalena) quien encaró a su homólogo sarapero e incluso encubrió, solapó y aplaudió que los pobladores rijosos se apoderaran de 50 lámparas tipo led y dos grúas con pluma que trabajaban en la instalación.

Y no es la primera ocasión que al edil le sale su lado hooligan, al señor le importan poco las leyes y los derechos de terceros, así como el patrimonio público, recordemos que, lo mismo ha cerrado la Vía Corta, que sitiado el Congreso del estado (donde su hija es diputada), apedreado las instalaciones del INEGI, y ahora hasta tomado lo que no es suyo, creo que a eso se le llama robo.

En todo esto, la instrucción que le dieron las autoridades de salud (tanto federales como estatales), de quedarse en casa, promover la sana distancia, pero sobretodo inhibir reuniones sociales de más de 50 personas y propiciar la tranquilidad social, le han valido un sorbete. 

PILLOS

En Totolac está otro caso más, también el lunes estalló un conflicto luego de que supuestos panaderos tradicionales protestaran frente a la alcaldía en demanda de apoyos municipales para atemperar el golpe económico a su actividad ante la baja de las ventas. 

Los inconformes rechazaron “despensitas” alimentarias, exigieron al menos 5 mil pesos -contantes y sonantes- por cabeza y ante la falta de una respuesta pronta incendiaron dos motopatrullas y agredieron a dos oficiales, una de ellas fue rociada con gasolina y le prendieron fuego produciéndole quemaduras de segundo grado.

No solo eso, tomaron la presidencia y hurtaron dos armas de la dirección de seguridad, se trata de una escopeta y una pistola. Luego de pernoctar en la alcaldía, el martes decidieron bloquear el distribuidor vial denominado “el trébol” en la entrada a la capital del estado, así como vialidades principales que conducen a Totolac.

Pero la realidad es que detrás de este movimiento se encuentran personajes que persiguen un fin político, y que descaradamente vieron la pandemia del coronavirus Covid-19, y la alerta sanitaria, como una oportunidad para saciar sus intereses.

En el movimiento, que incluso incluyó ahora en sus demandas la remoción del alcalde, se encuentran Ravelo Zempoalteca Enríquez, ex presidente municipal, así como otros personajes plenamente identificados en la grilla política municipal como Homero Juárez Cano, Cristian Briones Minor, Felipe Gallegos, Norberto Hernández (ex regidor), Roberto Varela (ex secretario del Ayuntamiento) y Abel Ramírez, este último, el único tahonero.

No sólo eso, de ese grupúsculo destaca el nombre de Cristian Minor, primo político del alcalde, y quien trae una disputa precisamente con el presidente municipal porque reclama para él terrenos del ayuntamiento, tan es así, que apenas el 19 de marzo pago un edicto reclamando una propiedad.

De ahí que más allá de una legítima protesta, han utilizado el tema de la contingencia sanitaria para saciar sus intereses lo que ya le costó a Totolac que dos policías sufrieran un atentado directo a sus vidas.