Por Esteban García

El Gobernador Marco Mena echó mano de sus atribuciones constitucionales para observar las reformas que el Congreso local aprobó a la Ley de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala.

El Ejecutivo estatal halló elementos que suponen “inconstitucional” e “incongruente” la reciente enmienda, como la pretensión de delegar a los municipios atribuciones propias del Estado, como la de realizar la inspección a diversos inmuebles.

Ciertamente, el gobierno estatal le ha corregido la plana a los diputados en la aprobación del Código Financiero y el Presupuesto de Egresos, ambos del ejercicio 2019.  Incluso, en Ley de Austeridad, que buscaba facultar al Congreso para establecer un catálogo de precios unitarios, como referente de precios de mercado, que sería de observancia obligatoria para las dependencias ya hasta para los contratistas.

Qué bueno que la división y el equilibrio de poderes favorece que, en situaciones como esta, se pueda ampliar el debate sobre los temas de interés público.

Ojalá, los legisladores tuvieran más claro cuáles son los alcances de sus facultades para no incurrir en excesos. Hasta la propuesta de reforma a la Ley de la Construcción ha sido señalada por el presidente de la CMIC, Hugo Cano, como arbitraria y aventurada, pues contravienen a normas federales.

OPACIDAD E IGNORANCIA

Tal parece que la opacidad se ha convertido en uno de los sellos de la actual legislatura local.

No es solo que no se difunda o no se transparente la información, sino que también se ignore.

Es el caso del presidente del Comité de Administración del Congreso local, Rafael Ortega, quien de plano desconoce el monto que ejercerán como legisladores para apoyos de gestión social.

Según el presupuesto de egresos de este año, esta partida tuvo un aumento de más de 42 millones de pesos, de ahí que serán aplicados prácticamente 84 millones.

Y ya que empieza el tercer mes del año, resulta inverosímil que aquellos encargados de aprobar el gasto público no sepan cuánto les corresponderá ejercer en ayudas a la población. Eso sí. Hasta hace unos meses aseguraban que los 50 mil pesos mensuales que venían recibiendo para tal fin eran insuficientes.

Ya veremos cuándo hacen cuentas los legisladores locales para saber cuánto tendrán para responder a las peticiones de la sociedad.

Lo que es un hecho es que no hay que esperar de pie para contar con garantías de que tales recursos no alimentan el clientelismo político que estilan los representantes populares.

CONTRADICCIONES

Por cierto, en el Congreso local pululan las contradicciones.

Aunque en un primer momento el Congreso local aceptó que cometió un error y ordenaría la publicación de una fe de erratas del Presupuesto de Egresos 2019 para corregir los elevados salarios de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, la Presidencia de la Junta de Concertación Política cerró la posibilidad al negar errores por parte de los diputados.

Recordemos que el presidente del Tribunal, Héctor Maldonado, solicitó al Legislativo que emitiera una fe de erratas, con la finalidad de que el Presupuesto 2019 contenga los tabuladores salariales correctos del Poder Judicial; sin embargo, todo parece tratarse de un plan con maña.

En primer lugar, porque, de manera increíble, los magistrados no se “percataron” del supuesto yerro, y los diputados, mucho menos. Y ahora, el magistrado Maldonado pide que le bajen el sueldo con una fe de erratas que los legisladores no están dispuestos a emitir.

Al final de cuentas quedó exhibida la actitud negligente de diputados y magistrados que, con omisiones y recovecos, hacen como que cambian las cosas para que queden igual. Tan es así que el magistrado mejor pagado del país estará en posibilidad de hacer valer este título –cortesía del Congreso estatal-.