Por Edgardo Cabrera

El viernes por la noche los diputados locales sesionaron de botepronto para concederle la razón a Fernando Bernal Salazar y ratificarlo por seis años como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Con dicha determinación, además, removieron del cargo a Leticia Ramos Cuautle quien fue elegida en su momento por el Congreso del estado como la juzgadora que cubriría la vacante de Bernal.

El caso pasó por cuatro legislaturas, todo empezó en el año 2013 con la LX que abrió el asunto y se lo heredó a sus sucesores que ya casi al final de esa LXI se determinó en enero del año 2016 que el juzgador “no conservó atributos de excelencia profesional”, de ahí que le negaron su permanencia por seis años más.

Empezó el pleito legal y la efímera LXII legislatura recibió palo tras palo de los tribunales y simplemente dejaron correr los plazos y los tiempos, eso sí, siempre encontraron algún resquicio en la ley para alargar el juicio.

Durante este proceso, el ex orticista Bernal Salazar pactó con Morena, tan es así que en las elecciones locales del año 2016 el partido político le regaló la candidatura para la fórmula tres para el cargo de diputado por la vía plurinominal.

Sin embargo los magros resultados para el Movimiento de Regeneración Nacional en aquella elección, en donde resultó ganador el PRI encabezado por Marco Mena, esfumaron los sueños del magistrado para ser diputado local, de ahí que mantuvo el litigio con el Congreso.

Y si bien después de dos años el Juzgado Primero de Distrito le dio la razón, también es cierto que la mayoría pejista afín a Bernal ya no quiso seguir litigando el asunto por lo que determinaron cumplir con la ejecutoria ganando con ello un aliado dentro del TSJE donde, ya lo sabemos, las cuotas políticas también juegan su papel en la impartición de la justicia.

Ahora sólo resta esperar si la magistrada destituida Leticia Ramos Cuautle se queda de brazos cruzados o emprende también un pleito con la actual legislatura considerando que a dos años de labores generó derechos.

Irresponsable

Víctor Castro López, quien cobra como levanta dedos en el Congreso del estado, recibió un ultimátum por parte de la dirigencia sindical del sector salud encabezada por Blanca Águila Lima, luego de que acusara a los trabajadores de desobligados e irresponsables.

Recordemos que este personaje tachado de “porro” por Águila, se aventuró a asegurar sin pruebas que existe robo de infantes en los nosocomios del sector salud y homicidios en los quirófanos, además ingresó -por sus polainas y sin las medidas sanitarias correspondientes- a áreas blancas de los hospitales para, según él, “inspeccionar”.

Si bien sus sabuesos salieron a morder a la líder sindical tras enviar un documento formal al Congreso del estado exigiendo una disculpa pública o que presente las pruebas de sus dichos para que se proceda conforme a derecho, la realidad es que Castro simplemente no ha podido documentar ninguno de sus señalamientos.

Veremos si en el Congreso la mayoría afín a dicho legislador petista le da trámite a la solicitud y lo conminan a que se retracte o exhiba pruebas y presente las denuncias, o simplemente se convierte en tapadera de los excesos de este ex alcalde al que sí le tienen documentado desde el OFS el mal ejercicio de recursos públicos cuando mal gobernó Tzompantepec.