Por José Luis Ahuactzin

Los siete consejeros del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) aun no han sido requeridos por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), sobre la denuncia penal que presentó el representante legal del Partido del Trabajo (PT), Jesús Portillo Herrera.

A pesar de que los consejeros del organismo electoral cuentan con Fuero Constitucional, derivado del proceso electoral local, la presidenta Elizabeth Piedras Martínez, explicó que serán colaboradores de la justicia.

Señaló que ella, por su parte, no tiene ningún argumento por el que se niegue a presentarse sí es requerida, pero no ha sido informada o notificada de la existencia de algún proceso o investigación de tipo penal.

Portillo Herrera denunció públicamente que el consejero Raymundo Amador, a nombre de los integrantes del Consejo General del ITE, supuestamente le exigió 750 mil pesos a cambio de asignarle la diputación plurinominal y no a Patricia Quiebras Arenas por paridad de género como de no incluir a su partido a la lista de entonces cuatro institutos que no alcanzaron el 3 por ciento de la votación.

El 16 de junio pasado, Portillo Herrera mostró una audio grabación en la que presuntamente el consejero solicitaba el 10 por ciento del total de las prerrogativas anuales al PT por alrededor de 2.5 millones de pesos, un total de 250 mil pesos por año durante tres.