Senadora: Adriana Dávila Fernández

Para la convivencia social sana, se requiere de instituciones fuertes que hagan prevalecer el Estado de Derecho, de autoridades que gocen de la confianza y reconocimiento moral de sus gobernados para que sus decisiones no sean señaladas por intenciones poco claras o sospechosas, y que cuenten con apoyo para facilitar la conducción en los tres órdenes y niveles de gobierno.

Hoy en día, las y los integrantes de la sociedad están más y mejor informados, la percepción de las personas se enriquece de distintas fuentes, sea por las formas tradicionales o alternas de comunicación.

Ellos demandan de sus autoridades explicaciones satisfactorias, exhaustivas y apegadas a un marco normativo sí, pero siempre ligadas a la ética y la responsabilidad del encargo aceptado. Ese vínculo de responsabilidad-legalidad-ética debe ser indisoluble.

Después de que hace meses en que un reportaje periodístico detonó el escándalo nacional e internacional que cuestionó la actuación del Presidente, su esposa (aunque no es funcionaria pública) y el titular de la hacienda pública con un posible conflicto de interés que los benefició con la Constructora Higa, el viernes pasado, con una extensa explicación, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade determinó que ni el Presidente de la República ni el Secretario de Hacienda y Crédito Público, como servidores públicos, incurrieron en un conflicto de interés con la compra-venta de inmuebles en el Distrito Federal y el Estado de México.

Previsible decisión, lógica, desde que se nombró al titular de la acéfala secretaria, amigo del titular del Poder Ejecutivo. Era de esperarse el resultado, ya que el responsable debía de investigar al representante del alto mando de la Nación, Enrique Peña Nieto.

La investigación en su conjunto exoneró a estos servidores… los dejó libres de culpas legales, por no existir responsabilidad jurídica ni administrativa, sin señalamiento alguno de índole ético; en definitiva, estamos frente a un caso cerrado, porque no hay falta que perseguir, inaudito.

El informe de la Secretaría de la Función Pública evidencia la necesidad de cuestionarse la eficacia de la ley, simplemente, en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no se encontró elementos suficientes para determinar la culpabilidad de los implicados.

De ahí la obligada reflexión sobre la efectividad del ordenamiento legal existente en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, misma que acaba de incluir precisamente el concepto “conflicto de interés”.

Para la mayoría de los partidos políticos opositores al gobierno, así como para el grueso de las y los ciudadanos, queda el hecho de que prevaleció el intercambio de favores con beneficios personales, como otro caso más que quedará impune en esta administración.

Se expiden argumentos, sujetos a la interpretación, que buscan aclarar, convencer y justificar hechos escandalosos que ponen en tela de juicio la credibilidad de las autoridades del Gobierno Federal.

El problema de la resolución es que no atiende el reclamo de muchas y muchos mexicanos: aclarar el posible conflicto de interés de operaciones que dañan y lastiman la credibilidad de la institución presidencial.

Casi simultáneamente, tanto Presidente como Secretario de Hacienda optaron por una disculpa pública por la “percepción equivocada” de los recientes hechos inmobiliarios. ¿Es válido un discurso con un recuento de acciones, saturado de ordenamientos distintos, pero a la luz de actos carentes de ética, insuficiente de señalamientos  sobre la rectitud de la actuación de las autoridades? ¿Contribuye a fortalecer a la autoridad la ausencia de una sanción moral por parte de la Función Pública? ¿Abona a la lucha frontal contra la corrupción?  ¿Deja satisfechos a los mexicanos? Me parece que no.

Es revelador que se exima de responsabilidad al Presidente Peña Nieto y que el argumento sea que la compra fue realizada por su esposa que no es funcionaria pública. ¿Y qué decir del Secretario de Hacienda? Nada significó que haya hecho el trato con el contratista, puesto que en ese entonces no era servidor público. En el pasado están documentados los contratos con Grupo Higa, pero es parte de la administración de Enrique Peña, otrora gobernador y su ex Secretario de Finanzas, Luis Videgaray, pero eran otros tiempos que ya no deben ser investigados.

Se realizó una investigación limitada, con el propósito de interpretar el conflicto de interés para beneficiar y exonerar a los funcionarios investigados. No es novedad, nadie con sentido común, podría llamarse a la sorpresa.

Ante la impunidad no basta una disculpa pública, se requiere voluntad política para emprender acciones concretas, empezando por la propia casa. Elemental es reconocer la posibilidad (evidente) del beneficio entre funcionarios y empresa constructora.

La conducta de los servidores públicos involucrados fue, por decir lo menos, poco ética; incluso «las disculpas públicas» denotan su responsabilidad en los hechos exonerados.

Poco contribuyen explicaciones como éstas para enfrentar y combatir la percepción de la corrupción en México que, se supone, es una preocupación del gobierno federal, no debemos olvidar que a nivel internacional, en este rubro, según las mediciones internacionales, tenemos una calificación muy baja.

Reitero que debemos revisar la efectividad en el tema de anticorrupción y servidores públicos. Si aún existen vacíos legales, debemos legislar en esta materia como en muchos otros rubros, para clarificar conceptos, hechos, que puedan ser sancionados con oportunidad.