Tlaxcala| Gerardo Orta.- El Pleno del Congreso del Estado, aprobó el procedimiento para analizar la situación jurídica de los cuatro magistrados de plazo por cumplir, integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para determinar si son ratificados o removidos del cargo.

El dictamen fue presentado por la comisión especial de diputados encargada de analizar la trayectoria y funciones de los cuatro jueces, a fin de emitir el dictamen correspondiente.

Los magistrados que serán evaluados de acuerdo al 54 constitucional del estado son: Tito Cervantes Zepeda, Mario Jiménez Cervantes, Elsa Cordero Martínez y Jerónimo Popócatl Popócatl.

La diputada María Angélica Zarate Flores, detalló que se emitirán dictámenes individuales y personalizados en donde se funden las razones sustantivas y objetivas que sirvan de base para la resolución a favor o en contra de los juzgadores.

“Se integrará un expediente por cada uno de los magistrados para tener análisis integral, tanto de su desempeño y de aquellas que permitan determinan que por circunstancias personales no se encuentran en el supuesto de separación forzosa”.

La etapa de evaluación se prolongará hasta el 18 de noviembre de 2014, dentro de cual habrá que cumplir algunos procedimientos: se solicitara al Consejo Judicatura emita su opinión sobre el desempeño de los magistrados; debe requerirse al Consejo de la Judicatura copia certificada del expediente personal de cada uno de los magistrados.

En el segundo punto, también tendrán que señalarse algunos requisitos: Informe por año sobre las actividades desarrolladas, número de tocas radicados y resolución de estos, y asuntos pendientes de resolución.

Los periodos para el que fueron electos los magistrados que serán evaluados, son los siguientes: Elsa Cordero Martínez, 4 de marzo de 2009 al 3 de marzo de 2015; Mario Jiménez Cervantes, del 4 de marzo de 2009 al 3 de marzo de 2015; Tito Cervantes Zepeda, del 4 de marzo de 2009 al 3 de marzo de 2015; y Jerónimo Popócatl Popócatl, del 1 de abril de 2009 al 31 de marzo de 2015.

Dentro del proceso evaluador, el Congreso del Estado deberá permitir el derecho de audiencia de los cuatro magistrados, y a su vez, los juzgadores tienen “el deber de no entorpecer los procedimientos, deben actuar como en su deber constitucional, con honestidad e invulnerable excelencia profesional.”