Tlaxcala| José Luis Ahuactzin.- Durante el evento Gira por la Transparencia, las senadoras por Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández y Lorena Cuéllar Cisneros y el senador, Alejandro Encinas, lamentaron que no exista compromiso real por darle cumplimiento a la transparencia y se requiera un organismo que vigile y sancione por negarse a transparentar el gasto público.

Durante el evento organizado por el Congreso del estado y el comisionado dela Caiptlax, Francisco Javier Mena Corona, el Senador Alejandro Encinas, explicó que durante los trabajos para reformar la Ley en la materia, se encontró que “realmente estos organismos no gozan de autonomía y se han conducido de discrecionalidad, además de que existe una desigualdad legislativa en muchos estados, al grado que en lugar de favorecer el acceso a la información se registre a los ciudadanos”.

En este con texto manifestó que se logró un avance importante en materia de transparencia pues ahora los sindicatos, partidos políticos, fideicomisos, organizaciones civiles, instituciones de asistencia privada deberán rendir cuentas “todo lo relacionado con empréstitos, nóminas estatales, municipales, federales, licitaciones, ejecución de obras públicas, créditos fiscales deberán transparentarse”.

En este contexto retomó el caso de los partidos políticos, a lo sostuvo que ahora se sabrá cuánto gana un dirigente político, el origen de sus recursos, quienes los eligieron para un cargo público.

Al acto también asistieron las senadoras por Tlaxcala Adriana Dávila y Lorena Cuéllar, quienes se pronunciaron porque la transparencia sea una realidad en verdad se fortalezca este derecho ciudadano; la primera de ellas, dijo que “sea una actividad propia de la persona”; lamentó que se creen instituciones para vigilar y sancionar el cumplimiento de una obligación de rendición de cuentas.

Cuéllar Cisneros, por su parte, evidenció que Tlaxcala se encuentra dentro de los nueve de 32 estados que han incumplido con la armonización con la Ley General de Transparencia y dentro de las 17 leyes reprobadas en materia de transparencia por no garantizar el derecho constitucional.