Senadora Adriana Dávila Fernández

Con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, el pasado 2 de septiembre, el Presidente de la República dio un mensaje al pueblo de México sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal. Año particularmente difícil, entre otras cosas, por la sensible baja en los precios del petróleo, la depreciación del peso mexicano frente al dólar, el insuficiente crecimiento de la economía interna, la crisis nacional en materia de derechos humanos y los escándalos de corrupción, por mencionar algunos. Adicionalmente y mediante un decálogo, aporta las medidas que emprenderá desde el poder público para la segunda mitad de su ejercicio administrativo.

Mencionó el mandatario “Nuestro país se vio profundamente lastimado por una serie de casos y sucesos lamentables. Los hechos ocurridos en Iguala o la fuga de un penal de alta seguridad, nos recuerdan situaciones de violencia, crimen o debilidad del Estado de Derecho. Señalamientos de conflictos de interés ─que incluso involucraron al Titular del Ejecutivo─; así como denuncias de corrupción en los órdenes municipal, estatal y federal ─y en algunos casos en el ámbito privado─, han generado molestia e indignación en la sociedad mexicana; estas situaciones, son muy distintas entre sí, pero todas lastiman el ánimo de los mexicanos y la confianza ciudadana en las instituciones”.

El jefe del Ejecutivo reconoce lo que molesta, perturba, afecta y preocupa a la sociedad mexicana; reconocer no es suficiente, cuando hasta la fecha, sucesos como el de Iguala o hechos de violencia en varios puntos del país o la fuga de “El Chapo” o denuncias de corrupción e impunidad, por mencionar algunos, siguen sin respuesta; o cuando acontecimientos como el conflicto de interés no fueron sancionados, porque desde el origen mismo de la investigación el proceso estuvo viciado.

Reitero que reconocer lo afectada que está la sociedad mexicana y lo lastimada que está la confianza ciudadana en sus instituciones, no es suficiente; la simple enumeración de hechos es insuficiente si no está acompañada de acciones que aporten una explicación razonable no solo del por qué se dieron, sino también de lo que se hará concretamente para resolver las cosas; se requiere la aplicación del marco normativo para corregir lo que no ha funcionado, para abonar a la confianza social es indispensable contar con certeza de los actos de autoridad.

A tres años de distancia del inicio de esta administración, los resultados en la dinámica económica, política y social de las mexicanas y los mexicanos dista mucho de mejores condiciones de vida, con más empleo, con productividad y desarrollo nacionales, con acciones reales que impliquen un combate real contra la pobreza, la desigualdad y la inseguridad, fenómenos que nos han rebasado.

Simplemente la situación económica actual no refleja su decir en cuanto a que “…es la mejor forma de proteger la economía de las familias mexicanas, de impulsar el mercado interno y de seguir generando oportunidades de desarrollo para todos, especialmente para nuestros jóvenes”.

Los datos que el CONEVAL publicó hace unos días sobre los índices de pobreza no nos deja ver avances en esta materia: según el informe de la Medición de la Pobreza en México, en 2012 había 53.3 millones de pobres en el país, y en 2014, ya sumaban 55.3 millones, es decir, dos millones más.

En fin, en este tercer informe del presidente Peña escuchamos el haber reconocido fallas, haber hecho ajustes, pero se percibió su firme convicción de mantener el rumbo que se ha marcado, porque el triunfo democrático obtenido el pasado año 2012 le da ese derecho, esa facultad: “Debo insistir, vamos a responder con visión de Estado, con claridad de rumbo y compromiso con los mexicanos”. Quizás el problema no sea el rumbo, sino la forma en que se desarrollan las políticas públicas para alcanzar los objetivos y cumplir los compromisos contraídos desde el inicio de su mandato.

Las prioridades para la segunda mitad de su administración se resumen en 10 acciones: impulsar leyes que fortalezcan el Estado de Derecho, combatan la impunidad y protejan los Derechos Humanos; crear el Acuerdo Nacional para la Justicia Cotidiana; impulsar el desarrollo de las regiones con mayor rezago; apoyar las actividades productivas de las zonas rurales de mayor marginación; renovar la infraestructura educativa; fortalecer la capacidad de los niños y jóvenes de México; crear la Secretaría de Cultura; mantener la estabilidad macroeconómica; impulsar el desarrollo de la infraestructura nacional; ajustar al Gobierno de la República, a la austeridad presupuestal.

Al margen de la necesaria evaluación de lo que implica este decálogo y las medidas adoptadas, me parece que desde el inicio de su gestión, no se han atendido las sensibles demandas de las y los mexicanos para fortalecer a las instituciones: combate a la pobreza y la corrupción.

Las acciones serán insuficientes si no hay voluntad política para involucrar, en la toma de decisiones, a los diversos sectores sociales que de seguro tienen mucho que aportar al bienestar de los ciudadanos.

La economía seguirá siendo una batalla constante que se tendrá que enfrentar, en este periodo legislativo, nuestro deber es atender estos pendientes nacionales, trabajar de manera conjunta con el ejecutivo para salir cuanto antes de esta debacle.

Por último, el Presidente mencionó que las medidas populistas, son opciones mágicas que tarde o temprano dañarán la situación económica nacional, dice que no se refirió a nadie en particular; sencillamente destaco que la entrega de pantallas de televisión al grueso de la población, sin solucionar las deficiencias en el suministro de energía eléctrica a nivel nacional, también es una medida populista y una política pública electorera que no contribuye a subsanar necesidades.

En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República estaremos atentos a la glosa del Tercer Informe de Gobierno; con absoluta responsabilidad, información suficiente, datos duros y profundo análisis, plantearemos nuestros argumentos sobre aquello que amerita reconsideración de rumbo por parte del Gobierno Federal.