Tlaxcala| Gerardo Orta.- La senadora panista por Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández, señaló que la falta de procedimientos de investigación, áreas de inteligencia y persecución del delito de trata de personas ha provocado la permanencia de ese fenómeno en todo el país.

En rueda de prensa, la legisladora federal apuntó que el problema no es exclusivo de Tlaxcala, pues a nivel nacional existe una carencia de atención al fenómeno derivado de la falta de persecución en las procuradurías de justicia locales.

De hecho, señaló que la mayor atención e investigación del delito de trata de personas lo ha motivado la Procuraduría General de la República (PGR) a través de operativos en las entidades del país que registran mayor incidencia del problema.

Señaló que la intromisión de la PGR motivó, incluso, la liberación de seis víctimas de trata en diferentes entidades del país, de las cuales, cuatro de ellas son originarias del estado de Tlaxcala.

Además, Adriana Dávila Fernández reconoció que el delito sí se ha extendido en algunos municipios de la zona sur del estado, pues ya no es un tema exclusivo de la zona de Tenancingo, “si solo suponemos que hay un delito y damos cifras irresponsablemente no estamos contribuyendo a solucionar el tema, no es exclusivo de Tenancingo”.

La legisladora federal desestimó además las declaraciones que emitió en Tlaxcala la activista Rosi Orozco, a quien acusó de ser cómplice del delito de trata, pues “no puedo coincidir con una cifra que no tiene metodología específica, fue un posicionamiento mediático. La ley establece que quien conozca del delito está obligado a denunciarlo, si es activista por qué no ha presentado denuncia en contra de los tratantes”.

El comentario surgió ante el cuestionamiento sobre la declaración que emitió Rosi Orozco en el sentido de que en la zona sur de Tlaxcala existía un estimado de 18 mil tratantes, pero sin presentar pruebas metodológicas de sus dichos.

Adriana Dávila aprovechó para presentar un balance general de lo que fue el trabajo al interior de la Comisión contra la Trata de Personas del Senado de la República, dictamen que fue aprobado en febrero de 2015.