A más de dos años dan respuesta a solicitud

Por Selene Sosa

Luis Eliseo Arteaga Uribe, ex servidor público de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) presentó el 18 de septiembre de 2024 una solicitud al Congreso de Tlaxcala para que conformara una Comisión Especial con el fin de que investigara a diversos funcionarios y servidores por supuestos actos de corrupción, no obstante, el Poder Legislativo rechazó el requerimiento.

A más de dos años de ingresada la solicitud por parte de un ex miembro del llamado «Clan Morelense» en Tlaxcala, traídos y encabezados por Luis Antonio Ramírez Hernández, ahijado de la Gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, el Congreso Local dio respuesta.

Eliseo Arteaga, denunció en su momento a 13 servidores públicos en Tlaxcala, provenientes en su mayoría del estado de Morelos, por diversos actos probablemente constitutivos de delitos, entre ellos, corrupción y contra el medio ambiente en la entidad.

En consecuencia, hubo represalias en su contra y presentó un Juicio de Amparo Indirecto 1393/2024-III, a través del cual solicitó al Congreso del Estado la conformación de una Comisión Especial dedicada a investigar a funcionarios, servidores públicos y trabajadores de la Procuraduría de Proteccion al Ambiente (PROPAET).

Sin embargo, la LXV Legislatura dio respuesta a la solicitud de Eliseo Arteaga hasta este mes, es decir, más de dos años después y rechazando lo requerido por el solicitante, alegando que el Poder Legislativo no cuenta con facultades para realizar investigaciones por actos posiblemente constitutivos de delitos.

En el documento enviado al solicitante, el Pleno del Congreso de Tlaxcala expuso que deben ser el Ministerio Público y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJET), las encargadas de llevar a cabo tales indagatorias, ya que el marco normativo local así se encuentra establecido.

«Este Poder Legislativo carece de competencia para construir una comisión especial cuyo objeto consista en investigar los hechos que usted refiere como presuntos actos de corrupción», reza la respuesta que fue remitida con la firma de la totalidad de las y los integrantes del Pleno.