Columna Invitada

El Congreso del Estado acaba de aprobar las bases para dictaminar las cuentas públicas del ejercicio 2025, un proceso que en el papel se presenta como técnico e imparcial. Sin embargo, la historia reciente de la Legislatura tlaxcalteca invita a preguntarse si la lupa de la fiscalización se aplicará con el mismo rigor para todos los colores partidistas.

No es la primera vez que el proceso despierta suspicacias. En años anteriores, legisladores de oposición han denunciado el uso de “tecnicismos” y criterios “a modo” por parte de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, señalando que las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) —que en teoría deberían aplicarse por igual— terminan pesando más sobre unos municipios que sobre otros.

Con el nuevo calendario en marcha —informes del OFS entregados este 15 de julio y dictamen final antes del 31 de agosto—, la atención se ha concentrado particularmente en los municipios gobernados por los presidentes municipales del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Entre distintos actores políticos existe la percepción de que las revisiones podrían utilizarse para ejercer presión sobre ambas fuerzas políticas en un momento clave de reacomodo estatal, lo que ha intensificado el debate sobre la imparcialidad del proceso.

Si el Congreso reprueba cuentas con criterios técnicos sólidos y uniformes, eso fortalece la democracia. Pero si los criterios terminan aplicándose de forma diferenciada según el actor político involucrado, alimentarán la percepción de que la fiscalización puede convertirse en un instrumento de presión política. La mejor respuesta a esas dudas será que las decisiones se sustenten en evidencia, transparencia y en la aplicación de las mismas reglas para todos.

Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, el pensamiento de Gentetlx