Columna Invitada

Cuando se trata de procesos electorales, el principio de equidad no es un accesorio, es la base sobre la cual descansa la legitimidad de cualquier contienda. Por ello, la reciente actuación del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) deja más preguntas que certezas, y abre un debate necesario sobre el papel de las autoridades electorales frente a prácticas que podrían vulnerar la cancha pareja que exige la ley.

La decisión del Consejo General de no emitir medidas cautelares en un caso que involucraba una amplia difusión de propaganda -más de 100 bardas, espectaculares, lonas y presencia digital por parte del presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García- no puede analizarse de manera superficial. Más aún cuando la propia Comisión de Quejas y Denuncias había considerado procedente su retiro para evitar una posible afectación al principio de equidad en la contienda rumbo a 2027.

Aquí es donde la discusión adquiere un tono delicado. Tres consejeros -Yedith Martínez Pinillo, Janet Cervantes Ahuatzi e Hermenegildo Neria Carreño- sostuvieron que sí existían elementos suficientes para actuar con medidas cautelares. Es decir, dentro del propio órgano electoral hubo una lectura clara del riesgo que implica permitir la permanencia de propaganda con potencial impacto anticipado en el electorado.

Sin embargo, la votación dividida terminó inclinándose en sentido contrario, con el voto de calidad del presidente Emmanuel Ávila González, acompañado por las consejeras Anakaren Rojas Cuautle y Brenda Barrón Rugerio. El resultado: no se ordenó el retiro de la propaganda denunciada.

El problema no es únicamente jurídico, es profundamente político en el mejor sentido del término. Cuando una autoridad electoral opta por no intervenir ante indicios de posicionamiento anticipado, el mensaje que se envía es ambiguo: ¿se privilegia la prudencia legal o se está normalizando una ventaja indebida?

Es cierto que, en el caso de la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, el análisis determinó que no existe certeza sobre la autoría, financiamiento ni vínculo directo con las bardas que contenían la leyenda “Es ella”. Bajo criterios estrictamente jurídicos, esa conclusión puede sostenerse. Pero el debate de fondo no se agota ahí, particularmente en el caso del alcalde capitalino.

Cuando la propaganda permanece en el espacio público sin una revisión más estricta, se genera un terreno desigual que puede favorecer a ciertos actores por encima de otros. Y ahí es donde el ITE debió ser particularmente cuidadoso.

Más aún, las pruebas presentadas —fotografías, espectaculares, publicaciones digitales— apuntaban a una estrategia de posicionamiento que, al menos, ameritaba una respuesta preventiva. Las medidas cautelares no son una sentencia definitiva, son un mecanismo para evitar daños mayores mientras se resuelve el fondo del asunto. Negarlas en este contexto parece, cuando menos, una decisión cuestionable.

El actuar del presidente Emmanuel Ávila y de las consejeras Anakaren Rojas y Brenda Barrón no puede desligarse de esta discusión. Su voto no sólo definió un expediente, sino que marcó un precedente sobre cómo se interpretará la equidad en el proceso que se avecina. Y ese precedente, hoy por hoy, sólo deja a una autoridad que, en lugar de cerrar la puerta a posibles ventajas anticipadas, opta por entreabrirla.

En una entidad como Tlaxcala, donde los procesos electorales suelen ser altamente competidos, la confianza en las instituciones es un activo frágil. Decisiones como ésta corren el riesgo de erosionarla, alimentando la percepción de que las reglas pueden aplicarse con flexibilidad según el actor involucrado, más todavía si es cercano al Ejecutivo.

El país atraviesa por una etapa de transformación. Pero ninguna transformación será sólida si no está acompañada de instituciones que actúen con firmeza, claridad y con un compromiso inquebrantable con la equidad.

¿Está el ITE garantizando una cancha pareja o está permitiendo que el juego comience antes de tiempo? La respuesta no es una buena señal.

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