Por Edgardo Cabrera

La criminalización de la protesta se mantiene como “política interior” del gobierno estatal, cuyo secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez, es incapaz de entablar diálogo y acuerdos con los grupos inconformes.

Para el caso de los campesinos, la administración de Lorena Cuéllar determinó acusar a sus líderes de “acaparadores”, claro, sin presentar pruebas de por medio, y reducir sus manifestaciones a meras acciones políticas, luego de que varios de ellos confrontaran a la mandataria en uno de sus eventos propagandísticos realizados en Nanacamilpa, cuando se vio obligada a huir por la puerta trasera y sin su camioneta blindada que quedó atrapada entre tractores.

Intolerantes a la crítica y protesta, el área de propaganda y adoctrinamiento que opera en la avenida Juárez redujo a solo 25 los productores y los ligó al PAN, en respuesta, los señalados negaron fines partidistas y acusaron al régimen estatal de filtrar sus datos personales e información, incluido su número telefónico, donde han recibido una serie de amenazas.

Y una muestra más de la criminalización de la protesta ocurrió este lunes, luego de que se montara un fuerte operativo policíaco en la Carretera Federal México-Veracruz, a la altura del entronque a Francisco I. Madero, municipio de Nanacamilpa, para intimidar a los productores de la zona que se sumaron a la convocatoria nacional para un paro en el país derivado de la falta de respuestas y acuerdos a sus demandas por parte del gobierno federal.

A lo anterior hay que sumarle las carpetas de investigación que les iniciaron ante la Fiscalía General de la República, por las cuales han sido citados los implicados en los bloqueos carreteros; aún así desde el gobierno federal y el estatal niegan persecución y aseguran ser tolerantes, en los hechos, el campo enfrenta una más de sus peores épocas y con total descaro aseguran que los apoyos han llegado “como nunca”, ¡sí!, como sus ocurrencias de las que Tlaxcala es mal ejemplo nacional con sistemas obsoletos de producción como jagüeyes.      

¿CÓMO VA EL DESARME?

“Fortalecer la cultura de la denuncia”, así es como respondió el gobierno de Tlaxcala luego de dos hechos violentos ocurridos en la comunidad de San Lucas Cuauhtelulpan, en plena capital del estado, uno de ellos durante el Sábado de Gloria cuando cuatro sujetos armados irrumpieron en la iglesia, atracaron a fieles que velaban en el lugar y además de despojarlos de sus pertenencias sustrajeron objetos utilizados para los rituales.

El segundo hecho, el domingo, cuando un pleito entre vecinos terminó en detonaciones de arma de fuego y una persona lesionada por un cachazo.

La iglesia, pidió orar para recuperar los objetos sacros robados del templo, entendible su postura, no son policías, peritos o ministeriales, pero que el gobierno exija que la gente “denuncie” cuando la obligación del Estado es prevenir e investigar, es una completa burla, es claro que los tlaxcaltecas no creen en la Fiscalía de Ernestina, por eso 9 de cada 10 delitos no se denunciande acuerdo con cifras del INEGI, y tampoco se tragan el cuento del lugar más seguro del país, lo que sí, somos el primer lugar en intentos de linchamiento, ¡por algo es!