La diputada Laura Yamili Flores Lozano presentó ante el Pleno de la Congreso del Estado de Tlaxcala una Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar el artículo 152 Bis al Código Penal del Estado de Tlaxcala, con el propósito de sancionar penalmente a las personas servidoras públicas que ejerzan atribuciones que no tengan conferidas legalmente.

Durante la presentación, la legisladora expuso que el principio de seguridad jurídica establece que las autoridades sólo pueden realizar aquellas acciones que la ley les faculta expresamente, por lo que cualquier actuación fuera de su competencia vulnera los derechos de las personas y debilita el Estado de Derecho. En este sentido, señaló que la certeza jurídica implica que la ciudadanía tenga garantía de que sus derechos serán respetados y que las autoridades actuarán dentro de los límites establecidos por la ley.

La iniciativa plantea que, actualmente, el marco jurídico estatal no contempla un tipo penal específico que sancione a servidores públicos que ejerzan atribuciones que no les corresponden, lo que puede propiciar conductas arbitrarias o abusivas. De acuerdo con la propuesta, esta situación genera incertidumbre jurídica y afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

Por ello, el proyecto propone adicionar el artículo 152 Bis al Código Penal local para establecer que se impondrá una pena de cinco a once años de prisión y multa de doscientas a quinientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización a la persona servidora pública que ejerza atribuciones que no tenga expresamente conferidas o que se valga de las que tenga para realizar, ordenar o inducir actos arbitrarios o causar perjuicio a alguna persona o al servicio público.

Tras su presentación ante el Pleno, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un Artículo al Código Penal del Estado de Tlaxcala en materia de usurpación de atribuciones que realicen los servidores públicos, fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.