6 de febrero - 2026

La presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Vania Pérez Morales, presentó una denuncia penal contra José Rafael Martínez Puón, también integrante del órgano, por presunto plagio académico. El acusado niega los señalamientos y una profesora mencionada en la querella afirma que no autorizó la denuncia.
Fuente: EL UNIVERSAL
CIUDAD DE MÉXICO.— La presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra José Rafael Martínez Puón, también integrante del CPC, a quien acusa de plagiar el trabajo académico de una profesora.
En entrevista, Pérez Morales explicó que desde el ingreso de Martínez Puón al CPC habían circulado señalamientos de plagio, pero que ninguno había podido comprobarse hasta que recibió una denuncia con documentación comparativa.
“Al ver que el documento que presenta es una copia fiel en un 95%, un porcentaje muy alto, no me queda otra más que llevarlo ante una autoridad y pedir que se investigue”, afirmó.
Indicó que la denuncia se presentó en su calidad de presidenta del CPC, ya que el documento cuestionado fue expuesto en una sesión que ella presidió y difundido como un trabajo institucional del comité.
En la querella, Pérez Morales solicitó la realización de un peritaje en materia de derechos de autor y que se investiguen posibles delitos de reproducción no autorizada y atribución indebida de autoría.
El documento en cuestión, titulado “Estudio sobre las áreas y puestos de la administración pública federal con mayor riesgo de corrupción y propuestas para su prevención”, fue presentado por Martínez Puón en abril de 2025 durante la cuarta sesión ordinaria del CPC.
De acuerdo con la denuncia, la presidenta del comité recibió de manera anónima un diagnóstico académico previamente elaborado por otra persona, el cual presenta coincidencias sustanciales con el texto presentado por Martínez Puón, tanto en redacción como en estructura argumentativa, secuencia lógica y conclusiones.
El texto presuntamente plagiado se titula “Diagnóstico y detección de áreas de oportunidad y mejora, al interior de las dependencias de la APF, basado en puestos clave con mayor incidencia o vulnerabilidad a actos de corrupción y propuestas para su prevención”. El nombre de la autora aparece en la denuncia, pero se solicitó mantenerlo en reserva por temor a represalias.
“La coincidencia incluye párrafos completos o sustancialmente equivalentes, desarrollo de ideas en orden idéntico o análogo y conclusiones prácticamente iguales”, se expone en el documento presentado ante la fiscalía.
Además del presunto plagio, la denuncia también señala que Martínez Puón ocuparía dos cargos presuntamente incompatibles: como integrante del CPC y como director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental (ENAPROG) del Instituto Nacional de Administración Pública.
Martínez Puón rechaza acusaciones
Consultado al respecto, José Rafael Martínez Puón negó categóricamente haber cometido plagio. Aseguró que el estudio presentado es resultado de trabajo de campo y de las conclusiones de seis grupos de enfoque en los que participaron 30 personas.
“Yo soy un investigador serio. Esta es una investigación de campo, no documental. El documento se construyó con base en las opiniones de los participantes”, sostuvo.
Agregó que cuenta con una trayectoria como investigador del Sistema Nacional de Investigadores, así como con la autoría de 11 libros y más de 60 artículos académicos.
Martínez Puón afirmó que desconocía la denuncia y el documento presuntamente copiado, y que sometió su trabajo a un software de detección de plagio, el cual arrojó un resultado de 81% de originalidad.
“Ahí se señala con claridad que no hay plagio. Yo ni siquiera conozco el documento que se menciona”, afirmó.
Respecto a la presunta incompatibilidad de cargos, indicó que existen dos resoluciones de los Órganos Internos de Control de la Secretaría Ejecutiva del SNA y de la Secretaría de Gobernación, en las que se determinó que no incurrió en falta administrativa. Ambos expedientes, dijo, se encuentran concluidos y archivados.
“La relación con la presidenta del CPC ha sido muy mala durante todo el año. Ha habido descalificaciones constantes”, añadió.
Carta de la profesora mencionada
Tras la publicación de la denuncia, el 28 de enero de 2026 Martínez Puón envió una carta firmada por Rosa Leticia Rojas Uribe, profesora mencionada en la querella como presunta autora del trabajo original. Su firma aparece testada.
En el documento, la profesora afirma que participó en los seis grupos de enfoque realizados a finales de 2024 y que aportó ideas sobre temas específicos, como compras públicas y órganos internos de control.
Sin embargo, negó que haya existido un uso indebido de su trabajo y aseguró que no autorizó la denuncia presentada por la presidenta del CPC.
“Ideas que estaban también plasmadas en un escrito libre que hice llegar a una amiga de una entidad pública fueron utilizadas para una denuncia que yo nunca autoricé”, señala la carta.
La profesora añadió que dio su visto bueno para la publicación del estudio, con la condición de que se protegiera su identidad y la de los demás participantes en los grupos de enfoque.
