Columna Invitada

En Morena se repite, como mantra fundacional, que no se miente, no se roba y no se traiciona. Sin embargo, en Tlaxcala esa consigna parece haberse convertido en un eslogan decorativo, incapaz de contener prácticas que el propio partido prometió erradicar. El caso de Marcela González Castillo, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, y su esposo, el alcalde de Tlaxcala Alfonso Sánchez García, es hoy una prueba incómoda de hasta dónde puede llegar la impunidad cuando nadie quiere intervenir.

La exigencia del militante fundador Edvino Delgado Rodríguez para que González Castillo sea separada definitivamente del cargo y se cancele su militancia —junto con la del presidente municipal— no es un arrebato político ni una vendetta interna. Es la consecuencia lógica de un procedimiento sancionador (CNHJ-TLAX-279/2025) que documenta presuntas violaciones graves a los estatutos de Morena, que prohíben explícitamente el nepotismo y el uso de cargos públicos para dirigir o manipular al partido.

La presidenta estatal y el alcalde no sólo son esposos. Son, según la queja, beneficiarios de una estructura partidista utilizada para fines personales y familiares, con miras a un posicionamiento electoral anticipado rumbo a 2027. Es decir, justo lo que Morena juró no volver a permitir: la captura del partido por intereses de grupo, el influyentismo disfrazado de asambleas y el uso patrimonial del poder.

Más grave aún es la parálisis de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, cuya dilación obligó a un militante fundador a recurrir nada menos que a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para exigir lo que Morena debería garantizar por sí misma: justicia interna pronta y expedita. Cada día que la CNHJ guarda silencio no sólo erosiona su credibilidad; deja mal parada a la dirigencia nacional, que observa sin actuar un caso que contradice los principios que presume en el discurso público.

Pero si la omisión del CEN es preocupante, la actitud del poder estatal es francamente alarmante. La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros no puede seguir alegando desconocimiento ni neutralidad. Bajo su administración, la dirigencia estatal de Morena ha operado con total libertad para placear políticamente a Alfonso Sánchez, incluso —según múltiples testimonios— utilizando la estructura del gobierno estatal y municipal, y presionando o engañando a burócratas de los tres poderes, ayuntamientos y organismos autónomos para asistir a eventos partidistas o trabajar, directa o indirectamente, a favor del presidente municipal.

Ese uso faccioso del aparato público no sólo traiciona la ética del servicio público; reproduce exactamente las prácticas del viejo régimen que Morena dice combatir. Cuando el poder se usa para acarrear voluntades y disciplinar conciencias, ya no estamos ante un proyecto de transformación, sino ante un aparato electoral encubierto con recursos del Estado.

Las palabras de Edvino Delgado son claras y, hasta ahora, no han sido desmentidas con hechos: existen pruebas contundentes de nepotismo, influyentismo y favoritismo. El estatuto es claro. La falta está tipificada. Lo único que falta es voluntad política para actuar.

La permanencia de Marcela González Castillo al frente de Morena en Tlaxcala es ya insostenible. No sólo por lo que se le acusa, sino por el daño que su continuidad provoca a la credibilidad del partido. Mantenerla en el cargo equivale a enviar un mensaje devastador a la militancia: que en Morena las reglas aplican sólo para los de abajo, y que el poder, cuando se ejerce en familia, goza de fuero moral.

Si Morena quiere seguir llamándose movimiento y no convertirse en una caricatura del pasado, debe actuar ahora. La impunidad también es una forma de traición, y el silencio, cuando se gobierna, deja de ser prudencia para convertirse en complicidad.

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