El 1 de septiembre, Hugo Aguilar ofreció un Poder Judicial austero; hoy la Suprema Corte enfrenta una ola de polémicas.

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN, durante la sesión del miércoles 21 de enero de 2026 en el Alto Tribunal.

Fuente: EL FINANCIERO

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), primera electa en las urnas, vivió una semana de escándalos y opulencias a poco más de 100 días del arranque de sus funciones, el pasado 1 de septiembre de 2025.

Aunque en la ceremonia solemne de instalación el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz prometió un Poder Judicial austero, transparente, honesto y cercano al pueblo, los togados han protagonizado una serie de situaciones que contravienen estos principios.

El primer quiebre del Alto Tribunal… por un párrafo

La discusión por la cosa juzgada dividió al Pleno de ministros el pasado 19 de enero. En sesión, se discutió un proyecto de Lenia Batres Guadarrama que determinó improcedente interponer recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las extintas Primera Sala y Segunda Sala.

Pese a que el proyecto fue avalado por unanimidad, siete ministros se opusieron al párrafo 52 de la ponencia, al considerar que vulneraba el principio de cosa juzgada.

Yasmín Esquivel Mossa, por ejemplo, defendió que las decisiones del Pleno se toman por unanimidad o mayoría de votos, puesto que el Alto Tribunal “no representa ni debe representar la voluntad individual de una persona que presenta la propuesta”.

Tras un ríspido debate, la autoproclamada “ministra del Pueblo” se impuso y mantuvo el párrafo en su proyecto, bajo el argumento de que estaban aplicándole reglas “precipitadas” e “inexistentes”, por lo que solamente quedó asentado que hubo una mayoría de ministros en contra de ese apartado.

“Si los ministros quieren cambiar las normas de este Pleno, de funcionamiento, yo pediría que se emita un acuerdo para que eso suceda […] Si se insiste en querer suprimir un párrafo de mi proyecto, porque es mi proyecto, ustedes están cambiándolo”, señaló.

Corte compra nueve camionetas blindadas de hasta 3 mdp… y luego recula

El 22 de enero, la Suprema Corte informó en un comunicado que se renovó la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros, mediante la adquisición de nueve camionetas blindadas tipo Jeep, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad.

Aseguró que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que “su continuidad comprometía su operación”.

Según la SCJN, la renovación se realizó en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, la cual establece que este tipo de vehículos deben renovarse periódicamente, cada cuatro años o antes.

De acuerdo con el catálogo, los precios de estas camionetas oscilan entre un millón 69 mil pesos y un millón 777 mil pesos. El costo no incluye el blindaje, que dependiendo del nivel podría llevarlas a más de tres millones de pesos por unidad.

Tras una serie de críticas por estos automóviles, la Corte anunció el domingo 25 de enero que los ministros tomaron la decisión de no utilizarlos.

“Asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos”, subrayó el Máximo Tribunal.