La dependencia niega cobros irregulares, aclara el destino de las multas y llama a comerciantes a denunciar cualquier abuso ante las instancias correspondientes.

Por Stephany Rodríguez

La titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIST) en Tlaxcala, Mónica Yazmín Jiménez Gutiérrez, afirmó que, como servidora pública, está legalmente obligada a someterse a cualquier investigación que derive de una denuncia formal ante la Secretaría de la Función Pública, al responder a señalamientos de comerciantes que acusan presuntos abusos y actos de corrupción por parte de personal del organismo.

Durante el diálogo circular, la funcionaria señaló que no es una decisión personal aceptar o no una investigación, ya que la ley establece que todo servidor público debe ser investigado cuando exista una queja debidamente presentada. En ese sentido, invitó a la ciudadanía y a los comerciantes a denunciar directamente cualquier irregularidad cometida por personal de COEPRIST ante las autoridades competentes.

En relación con la solicitud de información sobre el monto recaudado por concepto de multas y sanciones aplicadas a empresarios durante la administración de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, Jiménez Gutiérrez aclaró que COEPRIST no realiza el cobro directo de las sanciones. Explicó que dichos recursos son ingresados a la Secretaría de Finanzas del estado, por lo que corresponde a esa dependencia informar cuánto se ha recaudado.

Respecto a una denuncia ciudadana anónima en la que se señala que contribuyentes serían obligados a firmar escritos de desistimiento para no continuar con procedimientos administrativos, así como el presunto cobro de multas mínimas de 25 mil pesos, la titular de COEPRIST rechazó categóricamente estas prácticas y sostuvo que la dependencia no cobra ningún recurso fuera de los canales oficiales.

Precisó que las multas por 25 mil pesos únicamente aplican a bares, conforme a un decreto vigente, mientras que para otros establecimientos las sanciones pueden ser desde mil 500 pesos, dependiendo del tipo de establecimiento y de las irregularidades detectadas durante las verificaciones sanitarias.

Finalmente, Jiménez Gutiérrez reiteró que cualquier persona que sea solicitada para realizar pagos irregulares o agilizar trámites debe denunciarlo de inmediato, a fin de que se investigue y se sancione conforme a la ley.