Las declaraciones del titular de la SSC, emitidas en entrevista colectiva, exponen avances institucionales, pero también áreas que requieren fortalecimiento en la aplicación de protocolos y en la respuesta ciudadana.

Por Stephany Rodríguez

En entrevista colectiva, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo, señaló que el Estado cuenta con protocolos establecidos para la prevención de linchamientos, los cuales —afirmó— son conocidos por las autoridades municipales y se aplican de manera coordinada entre instancias estatales y locales.

De acuerdo con lo expresado por el funcionario, las corporaciones de seguridad han sido capacitadas para intervenir y evitar que estos hechos se consumen, privilegiando el diálogo y la actuación conjunta con otras autoridades. Asimismo, indicó que uno de los factores recurrentes en los intentos de linchamiento es la omisión de denuncias formales, lo que deriva en la retención de personas por parte de ciudadanos, en lugar de su puesta a disposición ante la autoridad correspondiente, como lo establece la ley.

En el mismo ejercicio informativo, Perea Marrufo expuso que durante el operativo Guadalupe-Reyes se registró una baja incidencia delictiva, con diversas detenciones y aseguramientos, cuyos resultados finales —dijo— serán dados a conocer posteriormente por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Respecto a la prevención del delito, el secretario afirmó que la dependencia continuará con estrategias en planteles educativos para inhibir el consumo y la venta de sustancias al interior y exterior de las escuelas. Señaló que, en algunos casos, se han detectado menores con consumo, situaciones que, precisó, se atienden mediante protocolos interinstitucionales que involucran a autoridades escolares y otras instancias, resguardando los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Las declaraciones emitidas en entrevista colectiva permiten identificar avances en coordinación y planeación, aunque también ponen de relieve la necesidad de reforzar la aplicación efectiva de los protocolos, la denuncia ciudadana y la evaluación pública de los resultados, elementos clave para prevenir la violencia colectiva y fortalecer la seguridad pública en la entidad.