De las 32 iniciativas que ha presentado la Senadora en el último año, destacan aquellas para proteger el medio ambiente y los bosques contra incendios

En aras de garantizar la justicia ambiental y la protección de los ecosistemas, la Senadora Ana Lilia Rivera impulsa diversas reformas legales para eliminar incentivos a la tala ilegal, involucrando a la Guardia Nacional en la vigilancia y coordinación institucional, duplicando sanciones y reconociendo comunidades como aliados estratégicos.

Lo anterior forma parte de las 32 iniciativas que Ana Lilia Rivera ha presentado ante el Pleno del Senado de la República, que en este caso implican reforma y adiciones a la Ley de la Guardia Nacional, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General del Equilibrio Ecológico, la de Protección al Ambiente y el Código Penal Federal.

Lo que esta iniciativa busca es eliminar el incentivo económico para quienes participan en la tala ilegal, dificultando su capacidad de comercializar la madera y otros recursos obtenidos de manera ilícita. También se garantiza el derecho de las personas a un medio ambiente sano y equilibrado; y se promueve la justicia ambiental y el respeto por los ecosistemas esenciales para la vida de las comunidades, a fin prevenir los impactos negativos de la deforestación y la degradación ambiental, que afectan los derechos humanos de tercera generación.

La propuesta de la Senadora es incorporar expresamente la vigilancia forestal como atribución operativa de la Guardia Nacional, para lo cual se establece la coordinación interinstitucional para la atención de la tala ilegal como delito de alta prioridad ambiental y de seguridad pública mediante protocolos de actuación conjunta obligatoria entre SEMARNAT, PROFEPA, Guardia Nacional, SEDENA, gobiernos estatales y fiscalías.

Asimismo, plantea la creación de unidades especiales para la investigación, sanción y seguimiento de delitos forestales, así como el reconocimiento de las comunidades y ejidos con manejo forestal sustentable como aliados estratégicos del Estado en la vigilancia territorial.
Además, la iniciativa propone duplicar las penas ya establecidas en el Código Penal Federal para quien realice tala ilegal.

No sólo eso, sino que también plantea reformar diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para aplicar sanciones y responsabilidades claras para servidores públicos que omitan acciones contra incendios forestales. Para este caso, propone incluir la destitución o inhabilitación administrativa en casos de negligencia grave.

De hecho, propone establecer como una infracción, la omisión dilación injustificada o negligencia por parte de los servidores públicos con atribuciones en materia de protección, vigilancia, prevención o combate de incendios forestales, que derive en la propagación o agravamiento de dichos siniestros, o el incumplimiento de los programas, protocolos o acciones previstas en la normatividad aplicable.

También se incorpora como una sanción a las infracciones contenidas en la legislación, la inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos o destitución, en caso de que servidores públicos con atribuciones en la materia forestal incurran en omisiones o negligencia grave que derive en incendios forestales o agrave sus consecuencias.

Entre sus iniciativas, Ana Lilia Rivera también impulsa una reforma al Código Penal Federal, a través de la cual garantiza sanciones más severas por incendios, inundaciones o explosiones que dañen ecosistemas, duplicando penas de prisión y multas para proteger bienes naturales.

Así, propone aumentar la pena de 5 a 10 años de prisión y multa de 100 a 5 mil pesos, que actualmente contempla la legislación, a una pena de 10 a 15 años de prisión y multa de 100 a 20 mil pesos, a quien cause incendio, inundación o explosión con daño o peligro a montes, bosques, selvas, pastos, mieses o cultivos de cualquier género.

Asimismo, se aumenta la actual pena de 2 a diez años de prisión y por el equivalente de 300 a 3 mil días de multa para actualizarse a una pena de 5 a 15 años de prisión y por el equivalente de 500 a 3 mil días de multa a quien provoque un incendio en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos forestales, que dañen elementos naturales, flora, fauna, los ecosistemas o el ambiente.