La acumulación de cadáveres no identificados en los servicios forenses, ya sea por laberintos burocráticos, deficiencias estructurales e investigaciones a medias o nulas, es responsabilidad del Estado, denuncian colectivos de buscadores de familiares.

Fuente: PROCESO

Las fiscalías como cabezas del proceso y los servicios forenses como operadores técnicos tienen una responsabilidad directa en la acumulación de cadáveres en custodia del Estado, que incluyen aquellos no identificados y también otros que tienen nombre, pero que han sido abandonados, sin que sus familias conozcan su fallecimiento. Esta cifra, 52 mil personas, que es contundentemente difícil de desmentir, superaba en 2020 la mitad de las personas registradas como desaparecidas en el país, pero, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ha ido subiendo a un ritmo de diez a 15 mil cuerpos más, de acuerdo con datos de 2023 y 2024.

La respuesta estatal por la presión que las familias ejercieron ante los organismos internacionales fue completamente desmantelada antes de que pudiera dar resultados, permitiendo que las fiscalías navegaran tranquilamente las aguas de la crisis durante todo el sexenio pasado sin dar cuenta de su participación en el “rezago” de cuerpos sin entregar, excluyendo a los expertos forenses del proceso. Han sido las familias organizadas quienes plantaron cara a esta situación y abrieron caminos entre los laberintos burocráticos para que los suyos regresen a casa.

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