25 de noviembre - 2025
A ocho años de la Alerta de Violencia de Género, Guerrero sigue registrando feminicidios, desapariciones y matrimonios forzados, mientras las medidas oficiales permanecen incumplidas y las víctimas en zonas marginadas carecen de justicia.
Fuente: PROCESO
Guerrero no es un santuario de las mujeres, sino un espacio de la necropolítica donde las mujeres siguen siendo víctimas de feminicidios, desapariciones y matrimonios forzados clandestinos, coincidieron investigadoras y abogadas.
A ocho años de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra la Mujer (AVGM) por violencia feminicida, la entidad gobernada por la morenista Evelyn Salgado está muy lejos de implementar las acciones para una vida libre de violencia.
Al contrario, desde hace dos años las autoridades han planteado levantar el decreto para quitarse el estigma.
Las víctimas en su mayoría viven en condición de pobreza y en zonas marginadas como La Montaña. No tienen protección, menos justicia, como lo reflejan sus historias.
A Gaudelia la hallaron tirada en el piso en el domicilio donde vivía con su pareja Felipe Carbajal en Chilpancingo. Era la mañana del 13 de julio de 2023.
Estaba desnuda, pataleando y no respondía cuando le hablaban. Encima de su cuerpo sólo tenía una pequeña cobija.
Su familia decidió vestirla y llevársela a su pueblo, en el municipio de José Joaquín de Herrera, a dos horas y media de distancia, en los límites de la región centro, en una zona de alta marginación.
Creyeron que tenía mal de espanto, pero en el hospital de Hueycantenango, en la cabecera municipal, le detectaron moretones en el abdomen, una hemorragia interna y sangrado en las encías por golpes.
Les recomendaron trasladarla de emergencia a un hospital privado de Chilpancingo, pero la familia no aceptó porque no podían cubrir el costo del traslado ni la hospitalización.
Gaudelia falleció la tarde del 15 de julio. Felipe abandonó la vivienda en Chilpancingo. Nunca se presentó al hospital ni a la velación de su pareja.
Su familia quiso presentar una denuncia por agresión y violencia en el ayuntamiento de José Joaquín de Herrera, pero les dijeron que era mejor dejarlo así porque si lo hacían, les advirtieron, ellos resultarían ser los agresores.
El feminicidio quedó en el olvido y sin registro. El agresor está libre.
Tres décadas de violencia
Rosa Icela Ojeda Rivera, del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres (OVICOM) Hannah Arendt; Marina Reyna Aguilar, de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, y Neil Arias Vitinio, abogada de las mujeres en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, han registrado el fenómeno desde hace tres décadas y han acompañado a las víctimas.
La politóloga Rosa Icela Ojeda participó en la primera investigación de violencia feminicida en 10 entidades del país publicada en 2006, año en que creó el OVICOM.
El informe “Violencia feminicida en Guerrero” documentó 318 asesinatos de mujeres entre enero de 1994 y junio de 2004. La entidad sureña se ubicó en el cuarto lugar nacional, por encima de Chihuahua, que ya padecía los crímenes contra trabajadoras de maquila en Ciudad Juárez.
Un segundo estudio de asesinatos violentos de mujeres de 2005 a 2015 registró 1,449 casos en la entidad, un aumento de más del 400%. En 2010 se tipificó el delito de feminicidio en el Código Penal local.
El informe que evidenció la crisis de violencia causó enojo e indignación.
Las mujeres formaron un frente de organizaciones y demandaron la AVGM, que se declaró en junio de 2017 en los municipios Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, Ometepec, Tlapa de Comonfort y Zihuatanejo de Azueta. Después se integró Chilapa de Álvarez y en 2024 se solicitó declarar la alerta en Taxco de Alarcón.
Pero a ocho años de la declaratoria por violencia feminicida, las medidas están lejos de cumplirse, lamenta Rosa Icela Ojeda, consultada en sus oficinas en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano, de la Universidad Autónoma de Guerrero, en Acapulco.
“No tiene ninguna posibilidad de cumplirse, ni los indicadores ni las recomendaciones”.
Aseguró que esas medidas no llegaron a los municipios.
“Tienen escasos recursos, tienen poco conocimiento y elecciones cada tres años. No hay una continuidad, es volver a explicarles qué es la Alerta de Violencia de Género. Podemos decirlo con mucha claridad: las alertas de violencia de género no se implementaron en los municipios, por lo tanto no hubo un resultado que pudiera ser tangible”.
Por ejemplo, en Acapulco, el municipio más grande del estado y con el primer lugar en feminicidios y desapariciones, hasta 2024 no había cumplido ni el 50% de las medidas diferenciadas.
Para la investigadora, son otras las preocupaciones de las autoridades.
AQUÍ LA NOTA COMPLETA:
