El caso conocido como “Las Novias” pone a prueba al nuevo Poder Judicial porque en él un amparo busca que el Estado mexicano proteja y compense a madres que huyeron de violencia familiar con sus hijos; cinco criterios judiciales criminalizan a estas mujeres y niegan una reparación.

Fuente: PROCESO

Tres magistrados electos por voto popular prevén resolver en los próximos días un amparo en el que Leonel Ramírez Farías, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es señalado por ejercer violencia familiar contra su exesposa; el recurso que se solicita busca que el Estado mexicano proteja a las madres e hijos víctimas de esta problemática.

El caso es conocido como 992 “Las Novias” y se trata de un litigio estratégico en el que Ingrid Tapia, quien desde 2006 salió huyendo de su domicilio por la violencia que ejercía en su contra Ramírez Farías, busca erradicar cinco criterios jurisprudenciales que, hasta ahora, criminalizan a las mujeres que tienen que abandonar su hogar por violencia.

Al salir Ramírez de la O y su equipo de Hacienda, Leonel Ramírez Farías se convirtió en el director del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con lo que logró salir de México y evitar, hasta ahora, ser notificado de las demandas que han presentado en su contra.

En el caso de “Las Novias” el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil de la Ciudad de México tiene previsto emitir su resolución final pese a que apenas el 19 de septiembre último el magistrado encargado de realizar el proyecto de sentencia, Fortres Mangas Martínez, recibió el expediente que data de hace 10 años y está conformado por 11 tomos con miles de páginas y pruebas.

El asunto será planteado a los otros integrantes del Colegiado: Cristian Martínez Morales, exfuncionario del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y Araceli Trinidad Delgado, quien ya pertenecía al Poder Judicial de la Federación (PJF) como jueza de Distrito.

Los tres integrantes del Colegiado fueron electos por voto popular en los comicios del pasado 1 de junio y la última de las mencionadas, Trinidad Delgado, fue sujeta a investigación, junto con otros seis juzgadores, por parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por posibles actos de corrupción, errores en los fallos o maltrato a subalternos.

Desconfianza

El colectivo feminista Caso 992 Las Novias enfatizó la importancia de la resolución que pueda emitir el tribunal.

“No se trata de un expediente más, sino de un proceso emblemático para la consolidación de las leyes contra la violencia vicaria, la ‘3 de 3’ contra la violencia, y el Padrón Nacional de Deudores Alimentarios, pilares normativos impulsados durante más de una década por mujeres, colectivos y académicos”, explica el colectivo.

Este litigio representa la prueba de fuego del llamado ‘nuevo’ Poder Judicial, pues enfrenta directamente la constitucionalidad y convencionalidad de los criterios heredados del anterior régimen judicial: criterios que, durante décadas, niegan a las mujeres víctimas de abandono parental total y jefas de hogares monomarentales el derecho a la restitución y al resarcimiento por la doble jornada que soportaron –a veces durante toda una vida– en soledad.

El caso ha visibilizado las fallas de los procesos judiciales que terminan criminalizando a las madres de familia y sus hijos pese a que han sido víctimas de violencia familiar.

“En un país donde 30.2 millones de niñas, niños y adolescentes crecen en el regazo de una madre sola, el pretexto con que históricamente se ha negado ese derecho –bajo el argumento de que la reparación corresponde únicamente a los hijos– constituye una flagrante invisibilización de las madres como sujetos de derecho”, agrega el colectivo.

Esa omisión jurídica ha contribuido, silenciosamente, a perpetuar el círculo de vejez y pobreza que hoy afecta a 51% de las madres mexicanas, hoy mayores de 60 años, que casi en su totalidad llegan a la senectud sin patrimonio ni ahorros, tras haber dedicado su existencia entera a sostener hogares y criar generaciones completas sin apoyo alguno.

El colectivo advirtió que los magistrados, recién llegados al Primer Tribunal Colegiado, podrían no estar preparados para resolver, en tan poco tiempo, un caso de tal envergadura, puesto que pueden reproducir los viejos criterios discriminatorios que, con el caso 992 han buscado eliminar del sistema judicial mexicano, en lugar de apartarse de ellos.

“Si así ocurriera, el tribunal no sólo reafirmaría décadas de injusticia estructural, sino que perpetuaría una realidad devastadora: cuatro de cada diez madres de familia llegarán a la vejez sin patrimonio alguno, tras haber invertido hasta el último peso de sus ingresos en la manutención de sus dependientes, en trabajos mal remunerados y condicionados por los horarios de cuidado de sus hijos”, expone la organización.

Mangas Martínez. Encargado de presentar el proyecto de sentencia. Foto: Especial

En particular, el amparo directo busca la modificación de cinco criterios en materia familiar para obligar al Estado mexicano a proteger a las madres y sus hijos víctimas de violencia familiar para que se reconozca a las madres el derecho de poner a salvo a sus hijos y ellas mismas ante estas problemáticas.

Así como eliminar el impedimento para las mujeres que se casan por sociedad conyugal a tener acceso a una compensación por haber cuidado a sus hijos durante el matrimonio, independientemente de si trabajaron o no fuera del hogar y que se erradique la exigencia a las mujeres de acreditar que durante el matrimonio no tuvieron las mismas oportunidades laborales por ser madres trabajadoras para tener acceso a una compensación.

En caso de que el Colegiado emita un fallo contra Ingrid Tapia, ella todavía puede tramitar un recurso de revisión que tendría que ser resuelto por la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).