Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas
4 de noviembre - 2025

La Comisión de Investigación aseguró que el juzgador generó violaciones graves al debido proceso.

Fuente: EL UNIVERSAL

La Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial, presidida por el magistrado Bernardo Bátiz, suspendió este lunes a un juez de Distrito con sede en Colima, debido a un “notorio desvío de la legalidad”, al reducir penas acordadas en por lo menos cuatro asuntos relativos a procedimientos de delitos de portación y posesión de armas de fuego, así como de estupefacientes.

En un comunicado, el Tribunal detalló que el juzgador no actuó como garante del cumplimiento de requisitos legales, sino que, por el contrario, asumió una conducta reiterada y sistemática que excedió sus facultades y contravino principios rectores del procedimiento penal.

Sus acciones, subrayó, fueron en contra de lo dispuesto en las fracciones II y IX del artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que la Comisión de Investigación determinó la suspensión “a fin de evitar que continúe poniendo en riesgo la correcta administración de la justicia”.

De acuerdo con el boletín, el juez fue notificado de la suspensión provisional con el objetivo de evitar el ocultamiento o destrucción de pruebas.

“De forma reiterada, el juzgador redujo las penas acordadas entre la Fiscalía y los imputados que optaron por el procedimiento abreviado. Proceder que fue corregido por Tribunales de Alzada que en sus resoluciones señalaron que este acto era contrario a Derecho”, agregó el documento.

Asimismo, aseguró que también concedió beneficios de la condena condicional, lo que generó violaciones al debido proceso, y no cumplió cabalmente con los requisitos de procedencia para iniciar el procedimiento abreviado.

Tras esta primera suspensión, la Comisión de Investigación afirmó que mantendrá un compromiso con la legalidad, el rigor, la objetividad y una política de cero tolerancia a conductas ilegales en el ejercicio de la función jurisdiccional.