Asegura que autoridades municipales confundieron su vivienda tras una verificación errónea.

Por Stephany Rodríguez

Una ciudadana del municipio de Tlaxcala denunció presuntas irregularidades por parte de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (CAPAM), luego de que se le notificara la cancelación del descuento correspondiente al programa INAPAM, bajo el argumento de que su inmueble no cumplía con los requisitos establecidos.

La afectada explicó que la medida se derivó de una verificación visual realizada por inspectores municipales, quienes habrían confundido su vivienda con la de un vecino, debido a que ambas presentan el mismo color en sus fachadas desde que fueron intervenidas hace varios años como parte de un programa de imagen urbana.

“Los inspectores ni siquiera preguntaron quién vive aquí, sólo asumieron que mi casa era la misma que la de al lado, y que era más grande. En su oficio mencionan características que no corresponden a mi vivienda”, señaló la ciudadana, visiblemente molesta por lo que consideró un acto de injusticia administrativa.

De acuerdo con el documento oficial emitido por la Subdirección Comercial de la CAPAM, la autoridad municipal determinó que el inmueble “no cumple con las características necesarias para mantener la tarifa preferencial”, además de sugerir una reclasificación por presunto “uso comercial no declarado”.

La vecina negó categóricamente esa acusación: “Yo vivo sola con mis gatos. No hay ningún negocio, ni rento cuartos, ni nada parecido. Lo único que tengo es mi casa y mis plantas”.

El oficio establece que la persona cuenta con tres días hábiles para acudir a las oficinas de la CAPAM a regularizar su situación y cubrir los pagos correspondientes a los bimestres pendientes, bajo advertencia de suspensión del servicio de agua potable.

Ante lo que considera una medida arbitraria, la ciudadana manifestó sentirse impotente: “Ni siquiera escuchan, sólo dicen que así debe ser. Si quiero que me crean, tengo que pagar un arquitecto que mida mi casa. Es absurdo”.

La denunciante hizo un llamado a las autoridades para que realicen verificaciones adecuadas y con base en evidencia, a fin de evitar que más adultos mayores sean afectados por errores administrativos.