Con cambios de última hora, reducen de 20 a 12 años de prisión a servidores públicos que no informen ni denuncien este delito

Fuente: EL FINANCIERO

Aunque en lo general se votó por unanimidad con 456 votos a favor de todos los partidos, en la discusión en lo particular los legisladores se dividieron y la oposición votó en contra en el pleno de la Cámara de Diputados de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

En un paquete de reservas que presentó el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, propuso modificar el dictamen y en lugar de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de castigar con una pena de 10 a 20 años de prisión a los funcionarios públicos omisos y “cómplices” en las indagatorias de este delito, sugirió que la pena sea de sólo de 5 a 12 años.

Con 339 a favor de Morena, PVEM, PT y MC –con un PT dividido– 100 en contra del PAN y PRI y cuatro abstenciones, el dictamen quedó aprobado y se turnó al Senado de la República para su discusión y votación.

El coordinador del PAN, José Lixa, reclamó desde su curul por considerar que “ésta es la reserva Bermúdez”, “la ley Bermúdez”, en referencia a Hernán Bermúdez, ex secretario de Seguridad en Tabasco y considerado líder del grupo criminal de “La Barredora”.

Legisladores morenistas defendieron en la tribuna que no es lo mismo la omisión que la ejecución de un delito, por lo que la pena contra un servidor público debe ser menor.

Esto sabemos sobre la Ley de extorsiones

La iniciativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum establece también que, en atención a la problemática que vive el país, se propone establecer un tipo penal básico por el delito de extorsión, con una pena de seis a 15 años de prisión y una multa de 100 a 500 veces el valor de la UMA.

“Esto permitirá que las entidades federativas y la Federación puedan investigar y sancionar esta conducta bajo un amplio parámetro”, se añade.

Propone que, “además de la pena prevista para el tipo penal básico, ésta aumentará hasta en una tercera parte (se eleva a 20 años) cuando se trate de conductas relacionadas con daños patrimoniales o que contemplen una menor lesividad en comparación con las otras agravantes”.

“Entre las agravantes que se proponen en este apartado destaca el cobro de piso, la imposición de precios a productos, bienes o servicios, la utilización del sistema financiero y cuando la conducta se cometa en contra de personas candidatas a un cargo de elección popular”.

En una “segunda categoría de agravantes”, “se prevén conductas por las que se aumentará la pena de una tercera parte hasta una mitad (22.5 años) cuando la extorsión se cometa en contra de personas migrantes, menores de 18 años, en estado de embarazo o mayor de 60 años de edad”.

“De igual forma, cuando se coaccione a la víctima con el uso de información privada o el sujeto activo tenga una relación de confianza, entre otras”, señala.

En una tercera categoría de agravantes se propone que, “con el objeto de aumentar la pena de la mitad hasta dos terceras partes más (25 años), en el caso de aquellas conductas que implican una grave afectación a la integridad de la víctima, el carácter de quien comete el delito, así como por el impacto económico y social”.

Entre las agravantes que se proponen en este apartado, destaca el uso de violencia física, moral y psicológica, la simulación de un hecho de tránsito (“monta choques”), cuando se cometa por una persona servidora o ex servidora pública, intervengan personas armadas, se utilicen a personas menores de edad o se afecte de manera directa la economía de alguna entidad federativa”, se afirma.

Durante la discusión en lo general, aunque votaron a favor, entre pancartas de “No a la extorsión”, el diputado Marcelo Torres, del PAN, acusó que “lo que este gobierno presenta como un gran logro es un plagio, copiaron nuestra iniciativa, maquillaron los párrafos y ahora quieren colgarse la medalla”.

¿El dinero se nos hizo chiquito?

Desde el PRI, Alejandro Domínguez criticó el fast track legislativo y pidió “hacer una reforma sin prisas” porque “hacer una reforma rápida no garantiza que vamos a tener una buena ley”.