Por Ana Lilia Rivera Rivera

El pasado 24 de septiembre, el Pleno del Senado de la República aprobó una importante reforma al artículo 73 de la Constitución Política federal. Trascendental porque nos faculta expedir la Ley General en materia de extorsión, en la que también se establezcan los tipos penales y sanciones respecto del secuestro y la desaparición forzada de personas.

¿Por qué es importante legislar sobre este delito? Porque es uno de más frecuentes en México, el tercero más común por encima de otros delitos que afectan a la población.

La más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indica que la extorsión es el tercer delito más frecuente en México, con 5 mil 971 casos por cada 100 mil habitantes, solo superado por el fraude y el robo en la vía pública o transporte público.

De hecho, este delito se incrementó en los últimos años al pasar de un promedio de 18.89 casos diarios en 2018 a 29.77 a inicios de este año, es decir, un incremento del 57. 62 por ciento. Esos son los datos que arroja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Por otra parte, los datos del INEGI muestran que la cifra negra de la extorsión es muy alta, y que se han detectado casos específicos de este delito en la calle, en establecimientos y bajo la forma de «cobro de piso».

Este delito no solamente alcanza a las personas, las empresas también son afectadas por la extorsión, lo que genera costos significativos que pueden desincentivar la creación de nuevos negocios.

Como podemos ver, el impacto de la extorsión se ha convertido en un verdadero lastre para los hogares, negocios, instituciones y comunidades. De hecho, la estimación del costo de este delito alcanza los 124 mil millones de pesos.

Ante esa problemática, en el Senado hicimos eco a la percepción ciudadana de inseguridad, así como a la necesidad de reforzar la prevención y la confianza en las instituciones para lograr una mejor atención a los delitos.

¿Cuál es la idea? Unificar criterios, cerrar vacíos legales y proteger de manera integral a la sociedad, fortaleciendo la coordinación de los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión. Y es que existe una gran disparidad en las legislaciones estatales, por lo cual se hace necesario homologar la regulación de este tipo penal y articular esfuerzos entre la federación, las entidades federativas y los municipios con el propósito de fortalecer la protección de las víctimas y dar certeza jurídica a las personas que decidan denunciar.

La denuncia es importante, más aún porque el 97 por ciento de las personas que enfrentan este delito no denuncian debido a que no tienen confianza en las autoridades.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha tenido visión de miras, no solo reconociendo el problema sino enviando al Congreso de la Unión la iniciativa correspondiente para reformar la Constitución, a fin de que se pueda expedir la Ley General contra la Extorsión que permita perseguir de oficio este delito y proteger a las víctimas.

Independientemente de ello, desde el pasado 6 de julio, a través del número 089, las víctimas ya pueden denunciar de manera anónima, con la cual se puede iniciar un proceso de investigación judicial. Ello, gracias a la nueva Ley Nacional del Sistema de Investigación e Inteligencia.

El Senado ha respondido con la aprobación de esa reforma a la Constitución. Corresponde ahora a los Congresos locales avalarla para seguir avanzando.

Senadora de la República por el Estado de Tlaxcala

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