La iniciativa de la diputada Nayeli Salvatori llega pese a que la SCJN ya resolvió que la objeción de conciencia no puede ser barrera para la interrupción legal del embarazo.

Fuente: PROCESO

La fracción de Morena en el Congreso de Puebla propuso una reforma a la Ley Estatal de Salud que plantea el derecho a la “objeción de conciencia” para que el personal de salud de hospitales de Puebla pueda negarse a practicar un aborto.

Presentada por la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, la iniciativa retoma una figura que ya fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al señalar en 2021 la inconstitucional el Artículo 10 Bis de la Ley General de Salud y asentar que “la objeción de conciencia” no puede ser barrera para la interrupción legal del embarazo.

No obstante, la diputada de Morena propone que el personal médico y de enfermería pueda ejercer el derecho de “objeción de conciencia cuando se oponga de forma directa, auténtica y grave contra sus convicciones”.

Cabe señalar que apenas hace un año, en julio de 2024, el aborto fue despenalizado en esta entidad donde aún se contemplaba pena de cárcel para las mujeres que recurrieran a la interrupción del embarazo.

Sin embargo, las agrupaciones feministas han advertido que aún está pendiente la reforma a la Ley Estatal de Salud para que las mujeres tengan acceso al servicio médico de manera gratuita.

Desde marzo de 2023, CAFIS, Odesyr y GIRE ganaron un amparo a favor del derecho a las mujeres a decidir, lo cual obligó al gobierno de Puebla a establecer que el aborto gratuito se podía llevar a cabo en siete hospitales de la entidad, siempre y cuando fuera con el acompañamiento de esas organizaciones.

Recientemente, colectivas feministas que participan en la Campaña por el Aborto Legal en Puebla denunciaron que a pesar de haberse despenalizado y de que el Poder Judicial respaldó el derecho de las mujeres a decidir, en Puebla las mujeres que solicitan un aborto en hospitales públicos se enfrentan a la falta de medicamentos y equipos, y a la actitud hostil del personal médico que, incluso, con frecuencia intenta disuadirlas.

Además, advirtieron que las mujeres de diversas regiones de la entidad en condiciones de pobreza no tienen acceso al derecho a la interrupción legal del embarazo, pues en las unidades de salud pública de sus municipios les niegan el servicio y les aseguran que ese procedimiento sólo puede llevarse a cabo en la capital de la entidad.