El tema no está contemplado para el actual periodo ordinario

Por Selene Sosa

Desde 2021, colectivos feministas y organizaciones civiles presentaron al Poder Legislativo de Tlaxcala una propuesta para la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, sin embargo, desde entonces el tema ha sido evadido por quienes han ocupado una curul en el Congreso Local.

En su momento, fue la LXIV Legislatura la que recibió la propuesta, siendo los diputados Lorena Ruiz García y Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, del Partido del Trabajo (PT), los que recibieron la solicitud, asegurando que la impulsarían para someterla a discusión del Pleno, hecho que no ha sucedido.

Actualmente, aunque la diputada Lorena Ruiz, ahora de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), continúa ocupando una curul al lograr su reelección en 2024, el tema de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Tlaxcala se mantiene en la “congeladora legislativa”.

El escenario no es distinto ahora con la LXV Legislatura, mayoritariamente integrada por congresistas de MORENA, puesto que durante el Primer Año de Ejercicio Legal la propuesta no fue retomada por ningún representante del pueblo, de acuerdo con el Programa Legislativo aprobado.

Lo mismo que para el actual Periodo Ordinario del Segundo Año Legislativo, ya que la agenda aprobada por las y los diputados no incluye la propuesta que mantiene en rezago a Tlaxcala en cuanto a la despenalización del aborto, siendo uno de los ocho estados en dicha condición.

De las 32 entidades federativas que componen el territorio, Tlaxcala es una de las ocho en las que el tema de la ILE sigue sin avances, pese a que desde septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización del aborto.

No obstante, la falta de “voluntad política” es lo que ha retrasado la discusión del tema en el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, según declaraciones de quienes integran el propio Poder Legislativo Local.

En la entidad tlaxcalteca, según el Código Penal en su Título Sexto “Delitos contra la vida y la integridad corporal”, en su Capítulo IV “Aborto”, la interrupción del embarazo sólo puede realizarse, sin que amerite responsabilidad:

“I. Se produzca por conducta culposa de la mujer embarazada; II. El embarazo sea resultado del delito de violación; III. El embarazo sea resultado de una inseminación artificial no consentida; IV. Cuando la mujer embarazada esté en peligro de muerte o de sufrir un daño grave a su salud, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora; y V. Cuando a juicio de dos médicos especialistas en la materia, quienes deberán dictaminar de forma separada e independiente, exista prueba suficiente para diagnosticar que el producto de la concepción presente alteraciones genéticas o congénitas graves, siempre y cuando se cuente con el consentimiento de la madre y el padre, en su caso”.

Los estados donde la ILE es una realidad son Campeche, Yucatán y Tabasco, en 2025; Jalisco, Michoacán, Puebla, Zacatecas, Chiapas y el Estado de México en 2024; Nayarit, Tabasco, Chihuahua, Durango y Aguascalientes, en 2023.

Así como en Baja California Sur, Guerrero, Quintana Roo y San Luis Potosí en 2022; Baja California, Coahuila, Colima, Hidalgo y Veracruz, en 2021; Oaxaca en 2019; y la Ciudad de México desde 2002.

A colación, en México durante 2023, ocho mil 940 niñas entre los 10 y los 14 años de edad se convirtieron en madres, es decir, 24 cada día. Además, en 2024, 30 niñas de entre 10 y 12 años de edad dieron a luz.

Lo anterior, según información de la propia Secretaría de Salud (SSA), la cual también evidenció que, en el 55 por ciento de los casos, el padre es un hombre de entre 18 y 50 años de edad, convirtiendo a México en el país número uno con la mayor cantidad de embarazos infantiles.