El titular señaló que sólo son procesos administrativos ya que no hay tipificación del delito

Por Selene Sosa

Desde hace un par de semanas se dio a conocer en medios de comunicación la clausura de dos Centros de Verificación Vehicular, que fueron justificadas por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET), sin embargo, su titular, Iván García Juárez, alegó que los procesos son solamente administrativos, por lo que no presentarán denuncias ante la FGJET.

Este miércoles, en conferencia de prensa, el responsable de la PROPAET indicó que si bien realizaron las investigaciones correspondientes en contra de cinco Unidades de Inspección de Emisiones de Contaminantes Vehiculares (UIECV), estas sólo se limitan a procesos administrativos ya que no hay tipificación como delito para las irregularidades en las que incurrieron.

Hay que recordar que, las Secretarías de Finanzas (SF) y de Medio Ambiente (SMA), a cargo de David Álvarez Ocho y Pedro Aquino Alvarado, respectivamente, cobran alrededor de 37 mil pesos por una concesión para la apertura de un verificentro, según lo dicho por el propio Procurador de Medio Ambiente.

Además, el personal de dichas Unidades de Inspección debe estar acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y cumplir con los diversos requisitos impuestos por el Gobierno del Estado que encabeza la morenista Lorena Cuéllar Cisneros, a través de las dependencias en mención.

De enero a agosto de este año, la PROPAET inició investigaciones en contra de cinco verificentros, de estas, ubicadas en los municipios de Chiautempan, Nativitas, Zacatelco, Yauhquemehcan y Apizaco; de las cuales tres fueron sancionadas y dos clausuradas. Además de que está en trámite un expediente.

Según Iván García, las irregularidades detectadas versan en que el personal de dichas UIECV no cuentan con la acreditación de la EMA, el propio verificentro no cuenta con la concesión oficial de la SMA, realizan verificaciones simuladas o, incluso llevan a cabo venta de hologramas falsos a través de redes sociales.

“Estas conductas constituyen faltas graves conforme el Artículo 166 de la Ley de Protección al Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala”, por lo que las sanciones impuestas fueron desde los 56 mil 570 pesos hasta un millón 527 mil 390 pesos, y las dos cancelaciones de las concesiones anteriormente planteadas.

No obstante, ante el cuestionamiento de si se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJET), el responsable de la Procuraduría indicó que no hay tipificación como delito de las supuestas irregularidades cometidas por los verificentros, por lo que el procedimiento es sólo en materia administrativa.

“No hemos presentado denuncias penales porque no es un tema que esté tipificado como delito, pero a nosotros nos compete realizar el procedimiento administrativo correspondiente que comienza con el tema de la inspección y termina en una resolución, misma que también los verificentros están en todo su derecho de impugnar, acotó García Juárez.