28 de agosto - 2025

Externó su preocupación por el impacto de la violencia en las infancias
Por Selene Sosa
La Diputada del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXV Legislatura, Míriam Esmeralda Martínez Sánchez, condenó que la estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos” impuesta por el Ex Presidente de México fue “un pacto con la delincuencia organizada”, por lo que urgió que en Tlaxcala se atienda el problema de inmediato, antes de que afecte a las infancias.
A través de un video, la representante del blanquiazul en el Congreso Local aseveró “Lo que se nos presentó como una policía de abrazos y no balazos terminó siendo, en los hechos, un pacto con la delincuencia organizada y cuando el gobierno le da la espalda a la gente, es así cuando el crimen puede ocupar ese lugar”.
Bajo dicho orden de ideas, puntualizó que es urgente que en Tlaxcala la estrategia de seguridad haga frente a dicha situación, antes de que se normalice la violencia, “como ha ocurrido en otras entidades”, y de que impacte a las niñas, niños y adolescentes tlaxcaltecas, quienes deben vivir “con tranquilidad”.
En este sentido, aprovechó para recriminar la crisis de salud que permea en los hospitales y clínicas del estado con el desabasto de medicamentos y de insumos básicos para la atención de las personas enfermas, por lo que el tema de seguridad no debería ser una preocupación más, externó.
“Necesitamos un cambio verdadero en la estrategia de seguridad, que deje de lado la simulación y que ponga al centro la protección de las personas… la tranquilidad de las familias no puede depender de discursos ni de buenas intenciones, necesitamos resultados reales”, acotó.
No es la primera ocasión que la panista se posiciona respecto al tema de inseguridad en Tlaxcala, por lo que reiteró algunas propuestas que han funcionado en los municipios en los que ha gestionado cámaras de video vigilancia, así como alarmas vecinales y la conformación de grupos.
No obstante, resaltó que es preciso la profesionalización de quienes conforman las corporaciones de seguridad, tanto del estado como de los municipios, así como condiciones dignas de trabajo y salario justo y el trabajo coordinado entre autoridades estatales y ayuntamientos, en conjunto con la ciudadanía.
