Cortesía: Antonio Hernández/La Prensa de Tlaxcala

En Tlaxcala, la opacidad y la corrupción dentro del sistema penitenciario vuelven a quedar al descubierto. Luis N., alias “El Grifo”, excomandante de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y señalado por autoridades federales como presunto enlace del Cártel de Sinaloa, continúa interactuando en redes sociales desde el interior del Centro de Reinserción Social (CERESO) de la capital tlaxcalteca, como si estuviera en libertad.

El pasado 27 de mayo, desde su perfil personal de Facebook, “El Grifo” actualizó su foto de perfil, generando decenas de interacciones con conocidos y simpatizantes. No era un hecho aislado: el 20 de septiembre de 2024, ya había fijado una imagen en su muro y agradecido públicamente las felicitaciones por su cumpleaños. Todo esto desde una prisión donde, en teoría, el uso de dispositivos electrónicos está prohibido.

Historia de su detención…

Luis N. fue capturado el 12 de diciembre de 2022 en un fuerte operativo en Acuitlapilco, Tlaxcala. En la acción participaron elementos federales, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías estatales. El arresto ocurrió a las afueras del despacho jurídico “Omega”, donde el excomandante se encontraba con varias personas. Una acompañante grabó el momento de su detención, material que rápidamente circuló en redes sociales.

Tres días después, el 15 de diciembre, durante la conferencia matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el ex subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, lo señaló como presunto miembro y enlace del Cártel de Sinaloa en Tlaxcala. También reveló que, pese a haber sido cesado de la PGJE en enero de 2021, se ostentaba como comandante y mantenía un despacho de abogados que presuntamente negociaba detenciones y amenazaba a elementos en activo.

Vecinos del despacho jurídico aseguraron que el lugar era visitado por personas armadas a bordo de camionetas de lujo, muchas con placas de Sinaloa.

La complicidad interna: autoridades bajo sospecha

Este caso se suma a una cadena de denuncias contra mandos de seguridad en Tlaxcala, como Juan Antonio Martínez Guerrero, nombrado por el exsecretario de Seguridad Ciudadana Ramón Celaya Gamboa. Ambos han sido señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y grupos criminales que operaban en Guerrero, incluso a pocos días de su asignación en un puente de Tlaxcala fue localizado una narcomanta con una cabeza de un cerdo en donde señalaban a Martínez Guerrero y Celaya Gamboa, de tener negros con grupos delictivos.

Martínez Guerrero fue destituido recientemente y se presume que huyó, al igual que su amigo Celaya Gamboa, quien tras abandonar Tlaxcala promovió amparos “buscapies” para evitar su captura.

Fuentes internas del penal señalan que, durante la gestión de Martínez Guerrero, existían “cuotas” de entre dos mil y siete mil pesos para beneficios ilícitos a internos, desde privilegios en alimentos hasta remodelaciones en áreas comunes. Un caso emblemático fue el de un exreo acusado del homicidio de un exdiputado, quien con recursos propios y aval oficial mandó cambiar las regaderas de los internos.

Un sistema penitenciario que protege al criminal y olvida a la víctima

Lo ocurrido con “El Grifo” expone, una vez más, las grietas de un sistema penitenciario mexicano que, lejos de garantizar la reinserción social, se ha convertido en un terreno fértil para la corrupción y la impunidad.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), más del 60% de los centros penitenciarios del país presentan autogobierno o cogobierno, lo que significa que internos con poder económico o vínculos con el crimen organizado controlan áreas completas del penal, deciden sobre privilegios y, en muchos casos, coordinan actividades ilícitas hacia el exterior.

El uso de teléfonos celulares e internet por parte de reos es una práctica frecuente que sirve para extorsionar, coordinar delitos y, como en este caso, mantener una vida social pública en redes. Aunque la Ley Nacional de Ejecución Penal prohíbe de manera expresa la posesión de dispositivos de comunicación, la falta de controles, la complicidad de custodios y la corrupción en mandos penitenciarios lo permiten.