La entidad destaca en el Atlas Nacional del Agua por el control en generación eléctrica y el uso agrícola del recurso hídrico.

Por Stephany Rodríguez

Tlaxcala figura en el más reciente reporte del Observatorio Ciudadano IGAVIM, que documenta los títulos de concesión de agua otorgados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) e inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), así como la localización de pozos clandestinos a nivel nacional.

De acuerdo con el documento titulado “Atlas: Concesiones de Agua y Pozos Clandestinos en México”, actualizado en julio de 2025, en Tlaxcala se identificaron seis títulos de agua nacional otorgados exclusivamente para uso agrícola, los cuales suman un volumen de 89 millones 590 mil metros cúbicos anuales de aguas superficiales y 10 millones 119 mil metros cúbicos de aguas subterráneas.

En contraste, el estado no registra concesiones para la generación de energía eléctrica y tampoco reporta datos sobre volúmenes usados con fines industriales o de abastecimiento público en este rubro.

Respecto a irregularidades, el informe da cuenta de dos pozos clandestinos clausurados: uno en Huamantla y otro en la capital, Tlaxcala. En ambos casos, las sanciones fueron de carácter administrativo, aunque el giro de uso del recurso extraído no fue precisado por las autoridades.

El documento elaborado por IGAVIM también explica que las concesiones de agua tienen como propósito garantizar el uso legal y sostenible del recurso, y forman parte de una estrategia nacional orientada a evitar la sobreexplotación y mejorar el acceso equitativo al agua, como lo marca el Plan Nacional Hídrico.

Este plan, impulsado por el gobierno federal, contempla la devolución voluntaria de más de 2 mil 500 millones de metros cúbicos de agua concesionada por distritos de riego y el sector industrial, con el fin de priorizar el consumo humano en zonas de alto estrés hídrico.

Finalmente, el informe destaca que los permisos de concesión son herramientas clave para la gestión integral del agua en México, al permitir a las autoridades monitorear su uso en sectores como la agricultura, la industria y el abastecimiento urbano, así como tomar medidas correctivas en casos de extracción ilegal.