Urgen reformas legislativas para endurecer las consecuencias de una mala administración pública

Por Selene Sosa

Tras llevar a cabo el acto protocolario de la entrega de Informes Individuales del Ejercicio Fiscal 2024, el titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Arturo Lucio Salas Miguela, apuntó que sólo entre el 10 y el 15 por ciento de las denuncias penales iniciadas en contra de autoridades por un mal manejo de los recursos públicos prospera, lo que resulta insuficiente.

En entrevista colectiva, reconoció que es baja la justicia para la ciudadanía en el tema de la malversación de fondos o desvío de recursos públicos, puesto que, desde 2017 se han acumulado 140 denuncias penales promovidas.

De las cuales, continuó, solamente alrededor del 10 por ciento han procedido, ello, derivado del trabajo que realiza el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y, desde luego, del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Bajo dicho tenor, Salas Miguela refirió que el OFS presenta las denuncias ante las instancias correspondientes, sin embargo, sus facultades culminan ahí ya que no llevan un seguimiento del proceso de dichas denuncias hasta que son notificados por las instituciones respectivas.

En virtud de lo anterior, el Auditor Superior sentenció que es preciso reformar la actual legislación con el propósito de prevenir que por vacíos legales las autoridades no sean sancionadas cuando incurren en un desvío de recursos públicos, una mala administración o el Daño Patrimonial causado durante su gestión.

En este orden de ideas, aseveró que serán las y los integrantes de la LXV Legislatura quienes se hagan cargo de dicho pendiente y que, de ese modo, haya justicia por la comisión de delitos anteriormente señalados, toda vez que, celebró que los criterios para la evaluación de los dictámenes sean más estrictos.