Funcionaria acusa violencia política; comunicador defiende la libertad de expresión

Por Stephany Rodríguez

La difusión de un video en redes sociales el pasado jueves 10 de julio, en el que se observa a la presidenta de comunidad de la Segunda Sección de Zacatelco, Valeria Lorety, organizando una dinámica entre estudiantes durante una ceremonia de graduación, desencadenó una serie de pronunciamientos públicos, acciones legales y un llamado a la investigación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDH).

El material audiovisual, difundido por el medio digital Informativo Independiente, muestra a adolescentes participando en una actividad escolar que ha generado opiniones divididas. Mientras algunos señalan una exposición inapropiada de los menores, otros defienden que el contenido fue malinterpretado.

El domingo 13 de julio, Valeria Lorety ofreció una conferencia de prensa en la que denunció ser víctima de violencia política por razón de género. Afirmó que el video fue editado fuera de contexto y que su difusión responde a una campaña para desacreditar su gestión como autoridad y su identidad como mujer trans.

‘El video ha sido utilizado para manipular a la opinión pública y generar ataques hacia mi persona. Esto no solo daña mi imagen, sino que también pone en riesgo mi integridad’, expresó. Lorety informó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con número de carpeta FAYYXC/712/2025, contra el periodista que publicó el video.

En su declaración, sostuvo que la intención original de la dinámica era promover la convivencia entre estudiantes y ofreció una disculpa pública por las posibles interpretaciones o molestias causadas. Aseguró que está dispuesta a colaborar con las autoridades competentes.

El lunes 14 de julio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala emitió un pronunciamiento oficial. El organismo autónomo subrayó que toda actividad que involucre a niñas, niños y adolescentes debe regirse por el principio del interés superior de la niñez, y que las autoridades están obligadas a garantizar su integridad física, emocional y psicosocial.

‘La actuación de los servidores públicos debe ser ética y prudente, evitando exponer de manera indebida a personas en situación de vulnerabilidad’, indicó la CEDH, que además confirmó el inicio de una investigación de oficio a través de su Visitaduría Especializada en Asuntos de Género y Contra la Trata de Personas, con expediente CEDHT/VEGT/20/2025.

Ese mismo día, el periodista Gil Pérez Soto, responsable del medio que difundió el video, ofreció un pronunciamiento en el que negó que se tratara de un ataque personal o con fines políticos, y afirmó que la publicación responde a un ejercicio periodístico legítimo.

‘No agredimos a nadie. Documentamos un hecho ocurrido en un espacio público. Las únicas víctimas aquí son los adolescentes. No soy yo quien debe ser investigado, sino el hecho en sí’, manifestó. Pérez agregó que interpuso una denuncia por considerar que está siendo objeto de represalias que afectan su derecho a la libertad de expresión.

El comunicador también hizo un llamado a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado para que revise la actuación de quienes organizaron el evento escolar, y sostuvo que su trabajo responde al interés público, sin vínculos partidistas ni motivaciones ideológicas.

La situación ha generado debate entre la ciudadanía. Algunos sectores expresan respaldo a la presidenta comunitaria, denunciando ataques discriminatorios, mientras que otros solicitan esclarecer si existió alguna irregularidad en el manejo del evento escolar.